El diputado electo por el Parlacen, Norman Quijano, salió del país a finales de abril, días antes que el fiscal general presentara el requerimiento en su contra. /Foto: Archivo DEM.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró este jueves que las autoridades salvadoreñas están a la espera que la Policía Internacional (Interpol) active una orden de difusión roja contra el expresidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, requerido por la Fiscalía General de la República (FGR).
Durante la entrevista Diálogo 21, de la cadena Megavisión, Villatoro dijo que tal como las autoridades costarricenses extraditaron a Juan Carlos Guzmán, suegro del expresidente Mauricio Funes; esperan que Honduras acceda a enviar a Quijano, quien tiene una orden de captura por el delito de fraude electoral.
Quijano fue electo diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) para el período 2021-2024, pero no tiene fuero en este momento debido a que tomará posesión hasta octubre de este año.
Aprovechando esta brecha, el fiscal general Raúl Melara ─destituido por la Asamblea Legislativa el 1 de mayo─ presentó el requerimiento en contra del diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
El evento de ayer (extradición de Guzmán) nos muestra y confirma que todos estos mecanismos internacionales de búsqueda de prófugos, perseguidos por la justicia de cada uno de los países, funcionan. Estamos esperando el oficio con la Interpol para activar la difusión roja, y una vez activada, esperaríamos que las autoridades hondureñas cedan". Gustavo Villatoro, ministro de Seguridad.
Sin embargo, Villatoro no descarta que hayan dificultades al momento de procesar judicialmente a Quijano "si se determina que tiene nacionalidad hondureña", debido a que su esposa es originaria de ese país.
El exdiputado de Arena ha sido tildado como "prófugo" por parte de las autoridades, debido a que se ausentó a su citación en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, donde se le notificarían los delitos que le atribuye la fiscalía.
En su lugar se presentaron los abogados Samuel Flores y Lisandro Quintanilla, quienes niegan que el exdiputado esté huyendo, pero que salió del país sin saber que sería requerido, para ponerse la vacuna contra el covid-19.
El Caso.
Los hechos que se le atribuyen al exdiputado Quijano se remontan a después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2014, a inicios del mes de marzo de ese año, donde supuestamente se reunió con líderes de estructuras pandilleriles para que ellos, sus familiares y poblaciones de la zona que controlaban, votaran por su fórmula presidencial.
El encuentro se habría llevado a cabo en la Oficina de la Red Nacional de Pastores, ubicada en la colonia Flor Blanca, en San Salvador.
Según testigos citados por la fiscalía, Quijano les dijo que en ese momento no podía hacer ningún ofrecimiento económico; “pero que de ganar (en la segunda vuelta) podían obtener favores y beneficios”.
Además, pidió que no le pusieran atención a la campaña (de combate frontal a las pandillas) como parte de su lema, “porque era únicamente parte de la política y que el pueblo quería escuchar eso, pero que no se realizaría”.
Consta en la acusación fiscal, que después Raúl Mijango convocó de emergencia a los líderes de tres estructuras terroristas, a la que también asistió Paolo Lüers, quien expresó que se encontraba ahí, en representación del partido Arena.
“Paolo llevaba en un maletín de lona $100 mil y entregó $50 mil al líder de la MS y $25 mil a cada uno de los líderes de la pandilla 18 (Revolucionarios y Sureños)”, señala un extracto de la acusación fiscal.
Por esa razón, la Fiscalía General de la República solicitó a la jueza que ordene la detención provisional contra Quijano y que el proceso judicial en su contra pase a la siguiente fase o instrucción.