“Este Tribunal advierte contradicciones que son evidentes, porque ante la petición de la devolución del dinero que hizo Servipronto, la jueza fue vacilante en sus decisiones, ignoró lo decidido por el juez cuarto de lo mercantil”, señalan los magistrados de la Corte.
En 2013, el abogado de Servipronto, José Arnulfo Hernández Lemus, pidió al juzgado 4o. de lo mercantil, ordenar un pago de $23,977,493.40 que McDonald Corporation debía pagar a Servipronto. El juez dijo que no podía resolver hasta que la Cámara Segunda de lo Civil resolviera un recurso de revisión del proceso.
El juzgado 4o. de lo mercantil fue integrado por decreto legislativo a otro tribunal y el caso pasó al juzgado 1o. de lo mercantil. En 2015, Hernández Lemus reiteró la petición para que este nuevo juzgado girara la orden de pago.
En el juzgado, “las diligencias de cumplimiento de sentencia no estaban completas porque el mayor contenido en original estaban en la Cámara...no estaba el recurso de revisión, pero si la resolución del juez 4o. de lo mercantil”, dice el fallo.
La jueza 1o. de lo mercantil, María Flor Silvestre López Barriere, pide a la parte que entregue la certificación de todo el proceso para resolver y lo reiteró en una próxima decisión; sin embargo, en un tercer escrito advierte la resolución del juez 4o. de lo mercantil y agrega que las certificaciones ya no serán para resolver la petición, sino futuros autos. Seis días después, la Cámara informó de un expediente en su contra por retardación de justicia y reitera que la certificación es para resolver orden de pago. Un mes más tarde, la jueza cambió de postura y dice que las certificaciones, sí serán para resolver el fondo de la orden de pago. Cuatro meses después, cuando la parte entrega las certificaciones, la jueza dice que no existe controversia y ordenó a Hacienda girar orden de pago a Servipronto.
Contradicciones en resoluciones
La jueza no retomó el criterio del juez 4o. de lo mercantil, sino que impuso una condición nueva al peticionario.
