La nueva Sala de lo Constitucional retomará este caso en los próximos meses. / Iliana Cornejo
Dos testigos señalaron a la Fuerza Armada y a la extinta Policía Nacional como los responsables de la desaparición de sus familiares, Juan Antonio Guzmán Méndez, Otilia Orellana López y Fernando Enrique Guzmán.
Dos de las víctimas fueron capturados el 17 de mayo de 1982, mientras que Guzmán Quijano desapareció días antes. Según las testigos éste pertenecía a la Resistencia Nacional (RN) y a un síndicato.
El pasado 24 de agosto del año pasado, junto a asociaciones de derechos humanos, los familiares denunciaron ante la Fiscalía General de la República, la desaparición forzada de estas tres personas.
En la denuncia, señalan como responsables del hecho a José Guillermo García, exministro de la Defensa Nacional, a Rafael Flores Lima, exjefe del Estado Mayor y a Carlos Reynaldo López Nuila, exdirector de la Policía Nacional.
Esta audiencia es parte de un proceso de Hábeas Corpus que presentó la familia de los desaparecidos, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el año pasado.
Luis Salazar, apoderado de las víctimas, señaló que ya se ha hecho una inspección ocular sobre cómo sucedieron los hechos, por parte de la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil, en el proceso investigativo.
Salazar señaló que los demandados son los herederos en las instituciones mencionadas.
“¿Vió usted, personas uniformadas el día de los hechos?”, preguntó, ayer, el magistrado Florentín Meléndez, a una de las testigos.
-“Sí”- respondió la testigo.
“¿Puede identificar a qué cuerpo de seguridad pertenecían?”, repreguntó Meléndez.
-“Sí habían soldados, pero la casa estaba custodiada por mayores...no recuerdo bien qué color era el uniforme, si era azul o verde, pero sí era camuflajeado”, señaló la testigo.
El defensor dice que han determinado que la captura de las víctimas se trató de un operativo combinado por Fuerza Armada y Policía Nacional, de la época.
“El Hábeas Corpus hoy tiene efectos más amplios; la Sala de lo Constitucional tiene una rica jurisprudencia donde no obstante, son hechos del pasado, pero ordena desde la potestad de la Sala a quienes tienen potestades y recursos investigativos como la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil y Comisión Nacional de Búsqueda a que realicen acciones investigativas”, explicó el defensor del caso, Luis Salazar a los medios de comunicación, al finalizar la audiencia.