El Tribunal Sexto de Sentencia, de San Salvador, rechazó la demanda por difamación que la diputada por Nuevas Ideas, Marcela Pineda, presentó en contra la investigadora y experta en temas de seguridad pública, Jeannette Aguilar, por no reunir los requisitos legales.

“En el mensaje no se observa ninguna frase difamatoria”, en contra de la diputada Pineda, resolvió el tribunal.

“Y al no reunir los requisitos establecido en la ley, este tribunal resuelve no a la admisión de la demanda”, reza parte de la resolución del Tribunal Sexto de Sentencia.

La demanda


El lunes, 6 de diciembre, la diputada Pineda, junto a sus abogados presentó un escrito en el que demanda a Jeannette Aguilar y anexaba el comentario, citando un tuit que afirmaba un supuesto gasto en cirugías de la legisladora.

La diputada Pineda exigía que Jeannette Aguilar fuera condenada a pedir disculpas públicas por lo que había escrito en redes sociales sobre ella.

El tuit al que hacía mención Aguilar decía: “como dice Pepe Mujica, el gran problema de muchos políticos es que quieren vivir como una minoría y no como la mayoría a la que se deben representar”, escribió Jeannette Aguilar, crítica de la gestión gubernamental actual e investigadora de las políticas de seguridad salvadoreñas.

El tuit de Aguilar iba acompañado de un tuit de la cuenta hoy eliminada @AlertaNews24Sv, que señalaba a la diputada Marcela Pineda de un gasto de "$18,578 dólares en cirugías”.

“Dañó mi imagen, dañó mi moral”, expresó la legisladora de Nuevas Ideas, debido a que recibió ataques en mensajes y persona.

La diputada también afirmó que su denuncia lleva impregnada un mensaje a las mujeres que están en política que “la oposición tratará de hacer todo para deslegitimar el gran trabajo que estamos realizando”.

Manifestó que los supuestos mensajes de difamación a su persona se intensificaron en esos días, luego que en la comisión de antejuicio contra el exdiputado Norman Quijano, en las que se establecieron declaraciones fuertes que a su criterio, lograron probar como los $100,000 millones que se estaban utilizando y la promesa de Facundo Guardado, que más que un ministro de Seguridad y Justicia iba ser el ministro de los pandilleros.