El exministro de Salud, Guillermo Maza, es uno de los 11 procesados en este caso de corrupción.
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador rechazó la petición de la Fiscalía General de la República, de acumular dos delitos más al notario Rolando García, el abogado que certificó los documentos para que la Constructora CPK cobrara, supuestamente, el sobreprecio en la construcción de los hospitales San Pedro de Usulután y Santa Gertrudis en San Vicente.
La Fiscalía pidió que Rolando García fuera acusado de estafa agravada por falsedad material.
Ayer, el juicio contra el exministro de Salud Pública, José Guillermo Maza Brizuela y otros diez imputados más se instaló luego de al menos seis intentos y que por quebrantos de salud en dos jueces, y otros motivos, no se había podido realizar.
Ayer, la Fiscalía le reprochó al notario García de haber certificado varias copias que elevaron los costos de la construcción de los hospitales de Usulután y San Vicente establecidos en el contrato inicial, en más de $1.5 millones de lo que se estableció el 3 de mayo de 2007.
Luego de tomarse el tiempo para deliberar sobre la petición de Fiscalía, el tribunal por unanimidad resolvió “no a lugar” a la solicitud fiscal, tras argumentar que en la etapa de instrucción, el juez resolvió pasar el caso a juicio por estafa agravada y que este delito subsumiría o incluiría el ilícito de falsedad material, y era en ese momento, que el Ministerio Público debió apelar esa decisión.
“Un disfraz”
El abogado Ricardo Antonio Martínez, uno de los dos defensores de Rolando García, afirmó que la Fiscalía pretendió la ampliación de la acusación de forma disfrazada, lo cual no es posible de acuerdo a las reglas del proceso penal.
El nuevo delito que Fiscalía pretendía sumarle a García sería una alternativa ante la posible extinción de la pena por prescripción que ha alegado el defensor Lisandro Quintanilla en un recurso de caducidad de la pena ante la Cámara Tercera de lo Penal y que todavía no ha resuelto.
“Fiscalía insiste en un tema que ya fue discutido en el 2011, ellos creen que hay una conducta totalmente autónoma de mi cliente con el delito de falsedad documental agravada que ya fue resuelto por tribunales superiores en varias ocasiones, y ha dicho que el comportamiento de nuestro cliente en todo caso debe ser discutido como una cooperación en un delito de estafa que está por definirse”, afirmó Quintanilla.
En el caso del exministro Maza Brizuela, la Fiscalía lo acusa de negociaciones ilícitas por el hecho de haber firmado la documentación que como el principal en la cartera de Salud, autorizó los pagos teniendo como cierta la información que contenían los reportes que le enviaban los técnicos en el marco del proyecto Reconstrucción y Equipamiento de la Red de Hospitales Públicos (RHESSA).
El exministro Maza Brizuela fungió como titular del Ministerio de Salud de 2004 al 2009, durante la gestión del expresidente Elías Antonio Saca. Según Fiscalía, la conducta ilícita de los imputados causó un perjuicio económico al Estado por $5,142,96.57.
Por el proyecto del hospital Santa Gertrudis, el monto presuntamente defraudado es de $1, 052,043.77, mientras que en el hospital San Pedro en Usulután es por $4,090,052.80.
Los demás acusados, varios son contratistas, empresarios de la construcción y un abogado, a quienes Fiscalía les atribuye falsedad documental, estafa agravada, uso y tenencia de documentos falsos.