Un cuento de tres países: el COVID-19 y su paquete de intervenciones

 



 

La epidemia de coronavirus (SARS-CoV-2) comenzó durante el mes de diciembre del 2019 en la provincia de Wahun, China continental. Rápidamente y en el término de 30 días después, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la declaraba “emergencia internacional de salud pública”, para luego el 11 de marzo declararla una pandemia.

El nuevo virus, que salto de su huésped tradicional, el murciélago, producía una enfermedad, COVID-19, que afectaba principalmente las vías respiratorias. A su inicio, y debido a que se trataba de un virus nuevo, la comunidad científica y médica, sabía que se transmitía de persona-a-persona y por contacto cercano.

En ausencia de tratamiento y vacuna, la OMS recomendó a los ministerios de salud de los países afectados comenzar a implementar medidas de contención para una epidemia similar a la influenza. Dichas medidas se centran en un paquete de intervenciones conocidas como, Intervenciones No-Farmacéuticas, y las cuales incluyen: aislamiento del enfermo, cuarentena de contactos, distanciamiento social, cierre de escuelas y universidades, y como medida extrema el confinamiento.

Los diferentes países, afectados en diferentes magnitudes, han optado por implementar estas intervenciones, en diferentes combinaciones y aplicándolas con desencadenantes diferentes y en diferentes tiempos o fases de la epidemia. La razón fundamental de estas diferencias se centra, en que, al inicio de la epidemia, se desconocían los factores epidemiológicos que determinaban el comportamiento y circulación del virus.

La evidencia que tenemos hasta el momento sugiere que la epidemia se tarda de 3 a 7 días en duplicar el número de infecciones, tiene un numero básico de reproducción (numero de nuevas infecciones por cada caso) entre 2 a 3, un periodo de incubación promedio entre 4-6 días, un intervalo de serie (tiempo que pasa desde infección a transmisión) estimado de 4-8 días, y una tasa de letalidad (la cual varía según la edad) de 0.3% a 1.4%, aunque esta se eleva a más del 14% en personas de la tercera edad y aquellas con enfermedades crónicas serias. O sea, es una enfermedad altamente transmisible, que en su gran mayoría es leve (80% de infectados), pero que en una minoría es grave y aún mortal.

Al no existir vacuna ni tratamiento, los sistemas de salud se ven obligados a concentrarse en aplanar la curva epidémica, con el fin de no colapsar el sistema hospitalario, y alcanzar eventualmente la “inmunidad de grupo” en forma progresiva pero lenta. Que no es más que alcanzar una proporción mayor al 60% de la población total infectada con el virus.

Uno de los efectos colaterales de este enfoque es la presión que sufre el sistema económico y social de un país. Este efecto económico y social será más profundo en las clases sociales con mayores limitaciones económicas, con el peligro que en los países más pobres resurjan la inestabilidad social. Por ello, la implementación de las diferentes medidas de contención y mitigación de la epidemia, aunque son estrictamente medidas de salud pública, tienen serias implicaciones para la economía y la estabilidad social de un país. Por lo que es sumamente importante analizar y adecuar dichas medidas al contexto social y económico.

A continuación, me permito hacer un breve análisis comparativo de los paquetes de intervenciones aplicados por tres países centroamericanos (El Salvador, Costa Rica y Guatemala) en el contexto de COVID-19 y brindar alguna luz a los tomadores de decisiones en este país.

Partimos desde la premisa, que los gobiernos implementan estas medidas con el fin de limitar el daño a la salud de sus ciudadanos, y su infraestructura social y económica. También partimos desde la premisa, que en ausencia de vacuna y tratamiento para el COVID-19, el objetivo de las medidas de salud pública es aplanar la curva epidémica con el fin de proteger al sistema de salud.

Observando la tabla 1, notamos que las epidemias en los tres países comenzaron progresivamente durante el mes de marzo, iniciándose en Costa Rica (6 de marzo), luego en Guatemala (13 de marzo) y finalmente en El Salvador (18 de marzo). El Salvador comienza con 18 días de antelación de su primer caso con la implementación de restricción de entrada de extranjeros y cuarentena obligatoria en institución publica (centros de contención) para sus ciudadanos, Guatemala comienza esta intervención, con 7 días de antelación a su primer caso, con cuarentena obligatoria en casa/hogar para los guatemaltecos que ingresan de viaje; y Costa Rica la implementa 9 días después de su primer caso reportado, esta al igual que Guatemala es cuarentena mandatoria en casa/hogar.



Ambos Guatemala y El Salvador inician la implementación del paquete con esta intervención. Costa Rica, al contrario, comienza su paquete de intervenciones con el cierre de escuelas y universidades y prohibición de actos públicos, que se implementa el día 10 de marzo, 4 días después de su primer caso. El Salvador y Guatemala, prosiguen con esta intervención (cierre de escuelas y universidades más prohibición de eventos públicos), como segunda intervención. Con la diferencia que El Salvador la aplica previo a la aparición del primer caso, mientras que Guatemala la implementa post aparición del primer caso.

La restricción vehicular es iniciada simultáneamente por los tres países durante la tercera semana de marzo, los tres posts aparición de caso; para terminar durante esa tercera semana con el confinamiento en los países de El Salvador (confinamiento total) y Guatemala (confinamiento parcial de 12 horas). Costa Rica aún se resiste a la implementación de dicha intervención extrema.



Como podemos observar tanto el paquete de intervenciones como su secuencia y tiempo de aplicación es diferente en los tres países. El impacto sobre el comportamiento de la curva epidémica en los primeros 27 días de epidemia, es más elevada en Costa Rica, seguida por El Salvador y Guatemala. Las tres curvas se observan planas en el tiempo, que es el objetivo final de las intervenciones, sin embargo es predecible que el costo social y económico será menor para Costa Rica y Guatemala que en El Salvador, debido al tiempo de aplicación y la severidad de estas.

El costo económico ha sido ya previamente proyectado por una institución financiera internacional, con un aumento de 600 mil ciudadanos que ingresarán a niveles de pobreza. A esto hay que agregarle el impacto social, comenzando con los niveles de salud mental (Trastorno de stress postraumático y depresión) producidos por el encierro prolongado. Si tomamos la premisa anterior, de que las iniciativas del gobierno son limitar el daño a la salud, economía, y social del pueblo salvadoreño, creo que este pequeño análisis, nos llevaría a concluir que las intervenciones de salud pública actualmente aplicadas deberían de ser revisadas de acuerdo con lo que hoy sabemos acerca del virus y su epidemiologia. Todos estamos de acuerdo en que la salud es lo primero, pero también todos estamos de acuerdo que el impacto económico y social también son importantes y deben ser mitigados e incluidos en la ecuación. Es importante que estudiemos las estrategias e impacto de países como Islandia, Corea del Sur, y Bahréin, y veamos la factibilidad de adaptarlas a nuestro país.