El Juzgado Segundo de Instrucción juramentó a 14 peritos que tendrán la misión de verificar el monto exacto dinero lavado, que se atribuye a nueve imputados en la cuarta fase de la operación “Destape a la Corrupción”, ligados al proceso penal del expresidente Elías Antonio Saca.

Los especialistas que provienen de la Corte de Cuentas, Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Economía tendrán tres meses para determinar, si se confirma la suma de $16 millones que Fiscalía les atribuyó inicialmente a los nueve imputados o sí es superior. El informe único de investigación deberá ser presentado el 20 de noviembre.

Al momento de la juramentación la jueza Segundo de Instrucción pidió a los investigadores que debían ser “imparciales, sin ver a quien favorecer o perjudicar, de acuerdo con su saber y entender”. Los procesados en este caso son Irving Pavel Tóchez, su esposa Iveth de Tóchez, Miriam Salinas, Ernesto Mena Campos, Eduardo Mixco, cuñado de Saca, Carlos Rafael Barillas Flores, Federico Antonio Barillas Flores, Juan José Francisco Guerrero Chacón, María de la Luz Pérez Franco y Julio Ernesto Mena Campos.
Fiscalía había presentado los puntos periciales a efecto de realizar un análisis contable y financiero, y así determinar las conductas de lavado de dinero y activos”. Fiscal del caso

Las investigaciones detallan que los procesados se valieron de cinco sociedades jurídicas para justificar servicios que tenían como fin la extracción de los fondos de la cuenta del Tesoro Público de Casa Presidencial.

“Fiscalía había presentado los puntos periciales a efecto de realizar un análisis contable y financiero y así determinar las conductas de lavado de dinero y activos que estas personas realizaron para perder el vínculo al dinero que habían extraído de la Presidencia de la República”, sostuvo uno de los fiscales.

Esta es la cuarta fase del caso que vincula al expresidente Saca y que de acuerdo con la Fiscalía son personas que colaboraron y formaron parte de su estructura para darle la apariencia de legalidad al dinero de la Presidencia de la República.

Los imputados que fueron capturados han permanecido con medidas sustitutivas a la prisión como no salir del país, fianzas económicas y presentarse periódicamente a los tribunales.