Según el informe , los seis lugares donde la seguridad no está garantizada son los puestos en el Teatro de Cámara Roque Dalton, en San Salvador; y los puestos de venta en San Rafael Cedros, Cuscatlán, y los departamentos: San Vicente, Sonsonate, Usulután y Cojutepeque.
Diario El Mundo consultó a las seis alcaldías y cinco de ellas respondieron que no tienen un lugar idóneo para ubicar los puestos de ventas. Sólo la alcaldía de San Salvador respondió que no había autorizado puestos en los alrededores del Teatro de Cámara Roque Dalton.
Una fuente de la alcaldía de Usulután dijo que este año buscaron un lugar alejado, pero los vendedores se opusieron y buscaron el respaldo de los concejales municipales de GANA y ARENA para seguir en los contornos de la iglesia Santa Catarina de Alejandría, cuyas instalaciones son de madera.
El gerente general de la alcaldía de Cojutepeque, Edgar Escobar, explicó que es el último año que permitirán ventas en la plaza “Las Alamedas” debido a que remodelarán el parque el próximo año, pero que no hay un lugar idóneo en el municipio. “El año pasado las iban a trasladar al polideportivo, pero por la delincuencia no lo hicieron”, dijo.
En el caso de la megaplaza de Sonsonate, el gerente, Salvador Andino dijo que Bomberos siempre les hace la misma observación, a pesar de que han cambiado las ventas de lugar.
“El primer rechazo que hemos tenido es de las mismas vendedoras, que en esos lugares bien alejados no venden, la gente no va, muy peligroso. Mil cosas”, dijo y agregó que cuentan con elementos de la división de explosivos de la Policía Nacional Civil, soldados del destacamento militar y pipas.
La encargada de catastro de la comuna de San Rafael Cedros, Rosa Ventura, dijo que Bomberos no les aprobó los puestos de venta porque les faltó un metro de lo reglamentario. Mientras que en San Vicente, donde las ventas de pólvora están ubicadas en la plaza El Pilar, una fuente municipal alegó que no existe otro lugar donde ubicarles.
El director de Bomberos, Joaquín Parada, explicó que a las seis municipalidades les han enviado los informes y diagnósticos que explican los riesgos y, aunque no tienen facultades para sancionar a las municipalidades, advierten que, si no cambian de lugar y ocurre un incendio, deberán asumir las consecuencias.
