Una de las víctimas del programa Centro de la Mara Salvatrucha, relató en el tercer juicio que se realiza contra esa agrupación, que sin saber compró un vehículo de esta estructura con toda la documentación en regla, pero cuando le tocaba refrendar la tarjeta de circulación, le dijeron que no podía porque estaba embargado por el Juzgado de Extinción de Dominio.

La víctima perdió $9,150 que pagó por ese vehículo y al igual que él, otros también fueron afectados por los pandilleros "centrales" y que este juicio se han mostrado ofendidos.

El Juzgado Especializado de Sentencia “A”, desarrolló el juicio contra 14 cabecillas de la Mara Salvatrucha, que operan en el centro de Salvador, a quienes Fiscalía acusa de lavar más de $100,000.

¿Por qué es ilegal?


El Ministerio Público sostiene que ese dinero proviene del pago de extorsión que los vendedores del centro de San Salvador pagan bajo amenaza de muerte, así como de contrabando de mercadería y tráfico de drogas.

Para dar apariencia legal a esos recursos, los imputados invertían el dinero en compra de inmuebles y vehículos, que luego vendían a otras personas, así como hacían préstamos a los mismos vendedores que extorsionaban.

“Los hechos se dan dentro de la misma estructura de la Mara Salvatrucha en la que se logra captar la inversión del dinero proveniente de extorsiones, tráfico ilícito, venta de cigarrillo de contrabando y que es invertido en vehículos automotores y en algunos casos en inmuebles”, refirió una de los fiscales asignado al caso.

Agregó que en el ilícito también hay acusados que no son de la Mara Salvatrucha sino prestanombres o “testaferros”.y todo eso se descubre a través de la intervención de llamadas telefónicas a los acusados.

En el proceso hay 14 vehículos incautados, aunque hay más automotores que están pendientes, dijo la fiscal.

“Son vehículos normales, algunas camionetas, hay de diversos estilos y de dos a tres inmuebles ubicados en San Salvador”, refirió la fiscal.

Los cabecillas implicados en este caso fueron detenidos en julio de 2019, algunos de ellos son: David Gerardo Castillo Torres, Mario Ernesto Flores Leiva, Luis Alfredo Gutiérrez Baltazar, José Roberto Ayala.

Los imputados operaban en San Salvador y Sonsonate; en este último, específicamente en Nahulingo.