Estos datos reflejan la brecha entre la oferta de la clase política y la demanda de la ciudadanía. Aunque no hay una explicación unilineal ni inequívoca, en el fondo lo que predomina es ¿a quiénes representan los líderes políticos?
Cuando no aparecen los registros de viajes del expresidente Funes o la información sobre quién conducía el vehículo de la presidencia que se vio envuelto en el percance en el que murió un ciudadano ¿a quién se le rinden cuentas?
Cuando en CEPA se compraron bebidas alcohólicas, en la Corte de Cuentas pagaron el lavado de trajes de mariachi con recursos públicos, ¿para quién trabajan? Cuando los diputados y diputadas contratan a familiares, amigos, exdiputados −solo la junta directiva conformada por 14 diputados tiene a su cargo 208 empleados– y gastan medio millón en el sistema electrónico de votación y rótulos LED, ¿a quiénes representan?
Cuando la Corte Suprema de Justicia destina USD 6.1 millones en seguros privados (de vida, médico) o la Asamblea Legislativa gasta USD 6.5 millones para el mismo propósito, que sumados ambos equivalen casi al presupuesto del hospital Zacamil, ¿por quién trabajan?
Cuando hay 800 mil niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela, pero se prefiere seguir otorgando privilegios fiscales; o cuando se coloca un recargo a la telefonía pero no se combate la evasión fiscal ¿los intereses de quiénes se protegen?
Cuando los representantes de los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo se ponen de acuerdo con el sector empresarial y aceptan un incremento pírrico, que a todas luces no permite siquiera que la mayor parte de la población tenga los ingresos suficientes para subsistir ¿a quién se representa?
Al final, todos ellos responderán que representan al pueblo. Sí, como ese discurso vacío que repiten a diario para auto complacerse desde su narcisismo.
Y la oposición, especialmente ARENA ¿a quién representa? Basta dar un vistazo al listado de sus financistas y se empieza a encontrar una respuesta del porqué cuando gobernaron decidieron quitar el impuesto al patrimonio y poner el IVA, por citar solo un ejemplo.
Pero entonces, ¿quién representa a la niñez fuera de la escuela? ¿A la juventud que quiere vivir una vida plena en su país y no migrar como lo ha hecho el resto de sus amigos? ¿A los hombres y mujeres que trabajan por largas jornadas bajo condiciones inhumanas y con salarios de miseria? ¿A las personas de la tercera edad que a pesar de haber trabajado toda su vida, no tienen derecho a una pensión digna? ¿Al salvadoreño que día a día paga sus impuestos sin que el Estado sea capaz de ofrecerle bienes y servicios públicos de calidad?
Sin duda alguna, no es la ANEP. Lo digo porque más de alguno se pudo haber confundido, pues con el anuncio del recargo a la energía del 13 %, salieron como cuál actuación de dictador en una película de parodia defiendo al pueblo. Sí, de la misma manera que lucharon para que el salario mínimo fuera suficiente para cubrir la canasta básica, ¿verdad?
Cuanta congruencia falta entre lo que dicen y hacen los tomadores de decisiones en nuestro país. Hoy más que nunca debemos de reflexionar quienes representan los intereses de las grandes mayoría, pues obligados por las circunstancias, posiblemente, nos encontremos en las vísperas de acuerdos políticos de gran envergadura. Es fundamental, entonces, que en esa mesa de negociación se encuentren presentes los intereses de quienes hasta ahora han estado sin representación.