La entidad municipal se registra desde la primera Constitución de 1824 y fue con la Carta Magna de 1886 con la que la población pudo elegir a sus alcaldes, determinando su independencia de funciones. Sin embargo, desde aquella época ya existía la contradicción de estas autoridades locales con las pretensiones centralizadoras del Ejecutivo con sus representantes, los Gobernadores departamentales, empeñados en frenar iniciativas y recortar las funciones edilicias.
La presión permanente de los munícipes por una efectiva autonomía para el desarrollo local sufre un retroceso estratégico en 1939, cuando el dictador Maximiliano Hernández Martínez, empeñado en el control autoritario, suprime la elección de alcaldes abrogándose la designación, medida autoritaria para concentrar más poder debilitando a los gobiernos locales. Es hasta la caída del dictador Martínez, en 1944, cuando se recuperan algunos espacios democráticos, logrando restablecer la autonomía municipal y la eleccion de los ediles en las Constituciones de 1945 y 1950.
Con la llegada del régimen de Bukele el municipalismo sufre otro retroceso estratégico, característico de los periodos dictatoriales: se les arrebató el acceso a la cooperación externa que las municipalidades han construido con años de esfuerzo, centralizándola en una inoperante “Agencia para la Cooperación Internacional”. También se les retuvo el FODES que descapitaliza y quiebra a muchos municipios y se les disminuye al 1.5%; así como se violentó la autonomía prevista en la Constitución de los municipios con la creación de la “Dirección Nacional de Obras Municipales”. En resumen, hasta hoy, en dos años y medio, se han asfixiado a los gobiernos locales y sus obras, que no se reducen solo a las de infraestructura.
Que quede claro: retroceder en la transferencia del FODES del 10% al 6%, y de este entregar solo la mísera suma del 1,5% de los ingresos corrientes netos del Presupuesto General -embargando el 4,5% para uso discrecional del Ejecutivo- coloca al país en los oscuros periodos dictatoriales cuando los municipios solo recibían el 1% del Presupuesto. Transitar del 1% hasta el 6% en 1998 y luego demandar el 8%, significó una enorme batalla del congreso de COMURES y las fuerzas progresistas que se concertaron en favor del desarrollo local durante el 2004, entrampando por nueve meses la aprobación del Presupuesto General del Estado. El acuerdo legislativo de una mayoría opositora se enfrentó, superando el veto presidencial, para librar otra batalla ante la Sala de lo Constitucional. Finalmente, bajo mucha presión gremial, se alcanzó un acuerdo político con el gobierno entrante (2004) y la legislatura, haciendo efectivo un 7% a partir del 2005. Tuvieron que transcurrir quince años más (2020) para lograr la aprobación del 10%.
La autonomía municipal tiene rango constitucional (Art.203) tiene investidura de unidad primaria del Estado con capacidad de incidir directamente en el desarrollo humano, fomentar el pluralismo, la participación ciudadana, construir tejido social, cimentar políticas públicas dialogando y concertando con actores locales. Del fortalecimiento municipalista depende la superación de los desequilibrios territoriales y socioeconómicos que minan el desarrollo integral para superar las metas de los ODS asumidos ante Naciones Unidas. Bukele siendo dos veces alcalde y candidato presidencial, consciente de esa importancia, ofreció subir el FODES diciendo: “…de esta manera nuestros alcaldes tendrán un 25% más de los recursos que ahora reciben, para poder realizar obras en beneficio de los municipios”. Pero esas fueron solo promesas, la realidad es que la falta de una estrategia nacional para el desarrollo local, castrar el rol gremial de sus propios alcaldes ante COMURES y el retroceso en el monto de las transferencias, cercenando las competencias municipales protegidas por la Constitución significan un claro retroceso al pasado dictatorial del país.