Nada se dice en el Decreto Legislativo sobre las razones por la que fue seleccionado este día para conmemorarse a nivel nacional como día del defensor y defensora de los derechos humanos. Tampoco se habla de los esfuerzos que por más de 20 años sostuvieron diferentes organizaciones sociales que llegaron una y otra vez, cada año al parlamento para lograr el reconocimiento de una fecha para recordar a quienes han ofrendado su vida en la defensa de los derechos humanos en El Salvador. El contexto puede indicarnos que poco podría interesar a las diversidades políticas representadas en las fracciones legislativas dejar sentado que el 26 de octubre de 1987 fue asesinado Herbert Anaya Sanabria, presidente de la entonces Comisión de Derechos Humanos no gubernamental.
Más de tres décadas después de este crimen, el caso permanece impune. La mentira fabricada por el gobierno de turno para evadir su responsabilidad ante la ola de condenas internacionales que se generaron, ya a estas alturas no resiste un análisis objetivo. Un joven fue obligado a base de tortura y amenaza a declarar que él como parte de una unidad del grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo, habían perpetrado el asesinato. La Comisión de la Verdad de Naciones Unidas determinó la responsabilidad del Estado salvadoreño en el encubrimiento e impunidad que gozan hasta la fecha los autores materiales e intelectuales, que apuntaban en los primeros indicios hacia la dirección de la extinta Policía de Hacienda.
Asumir la defensa de los derechos humanos en la década de los años 80 constituía un alto riesgo. Denunciar a los responsables de torturas, ejecuciones, masacres, persecución y agresiones contra opositores políticos o cualquiera que fuese señalado como tal, podría implicar sufrir en carne propia estas acciones e incluso la vida misma, como ya había ocurrido contra Magdalena Henríquez y Ramón Valladares Pérez en 1980; Marianela García Villas en 1983 y la desaparición forzada de América Fernanda Perdomo, Carlos Eduardo Vides y Roberto Rivera Martelli. Todos miembros de la Comisión de Derechos Humanos. El primer trabajo de Herbert en la Comisión fue precisamente retomar la labor en el área de comunicaciones que el asesinato de Magdalena había dejado vacante, tomar fotografías de cuerpos encontrados en fosas clandestinas y documentar testimonios. Herbert fue de los primeros en entrevistar y grabar la voz de Rufina Amaya, conocida sobreviviente de la masacre de El Mozote en Morazán.
Pese a que la ley de amnistía fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia desde el 2016, no hay avances desde la Fiscalía General de la Republica sobre el asesinato de Herbert Anaya Sanabria. Más bien la tendencia es la de continuar con la práctica de los diferentes gobiernos de turno de garantizar protección a los verdaderos responsables.
Poco queda por celebrar entonces este día si quienes defienden derechos humanos siguen expuestos a sufrir represalias por su labor y que estos hechos queden impunes. Sin embargo, una ventana parece abrirse con la apertura desde el mes de julio en la Asamblea Legislativa para recepción de opiniones de organizaciones de sociedad civil como parte de un proceso de formación de ley para la defensa de los defensores de los Derechos Humanos. Indiscutiblemente, un siguiente paso al de contar con un día conmemorativo para los defensores y defensoras de los derechos humanos, será el de contar con una ley específica para protegerles. No debemos bajar el dedo del renglón en este objetivo.