En América Latina, en la medida que fueron cayendo los regímenes militares, fue creciendo la legitimidad democrática del empoderamiento ciudadano y la participación local en el espacio de gestión de los concejos municipales; fortaleciéndose conceptos y procesos de autonomía municipal, descentralización y asociación para transferir competencias buscando descentralizar el poder y los recursos; y propiciándose procesos de diálogo, concertación y contraloría ciudadana en el territorio, capitalizando la riqueza de la convivencia plural. Ha sido un largo y complejo proceso de casi tres décadas para alcanzar importantes reformas políticas, administrativas, económicas y financieras -como el 10% del FODES- encaminadas a robustecer el desarrollo local.
Constituye un grave retroceso la injustificada deuda del FODES acumulada por el régimen en detrimento municipal. Lo que pareció solo una mezquina venganza de Bukele para hacer fracasar la gestión de los concejos anteriores buscando una ventaja electoral, a cuatro meses de asumidos los nuevos concejos -150 de los 262 municipios son gobernados por el partido oficial- parece ser una manera para desaparecer cualquier viso de “poder” y “autonomía” local. El gobierno apenas ha pagado la mitad de la deuda acumulada entre abril 2020 y mayo 2021 que ascendía a $396 millones y aún no hay señales de cuando les cancelarán el otro 50%, adicionando hoy la deuda de los cuatro meses transcurridos de los nuevos gobiernos municipales.
El siete de abril pasado, Bukele anunció quitar del 10% que por ley les corresponde a los municipios (vía FODES), recortándoles el 4%. Una dramática reducción del 40%, dejándoles el 6%, de esto solo les entregaría una cuarta parte (1.5%), centralizando las tres cuartas partes (4.5%) del fondo para manejarlo desde la “Dirección Nacional de Obras Municipales”, una nueva burocracia que será el “filtro” encargado de aprobar proyectos y solicitudes de los alcaldes de todo el país, violando así la autonomía constitucional de los concejos municipales y anulando al ISDEM. Sobre dicha “Dirección”, después de cinco meses, tan siquiera han presentado la iniciativa de reforma a la legislatura y el dinero del FODES tampoco aparece.
El recorte del FODES es, además de fraude electoral y la muestra de la crisis financiera que padece el gobierno por su mala administración, una medida autoritaria que sigue la ruta de anular la independencia de las autoridades estatales; cercenando la autonomía municipal para concentrar más poder en El Ejecutivo, al eliminar competencias y funciones edilicias. Esta medida conservadora y autoritaria de Bukele va en contra de las corrientes modernas de la descentralización y el desarrollo local volviendo inútiles las reformas logradas en la composición plural de los concejos municipales. Asimismo, destruye el diálogo y concertación local, el involucramiento ciudadano en la planeación, gestión, ejecución y contraloría de obras y políticas públicas, convirtiendo a los concejos municipales en simples tramitadores pasa papeles.
Si de fundamentar la descentralización y el desarrollo local se trata, además de los gobiernos municipales y ONG especializadas, son muchas las instituciones internacionales que entienden el municipalismo: GTZ, AID, SACDEL, PNUD, ILPES/CEPAL, UE, o gobiernos como los de España y Canadá, que conocen la región y El Salvador, por lo que el bukelato podría ilustrarse para entender la importancia de cumplir con el 10% del FODES a las alcaldías.
La cercanía con la población, el dominio de información local, el conocimiento detallado de la demanda social, la expectativa de ampliar los mecanismos y cultura de participación ciudadana, y la posibilidad de compensar a quienes están en desventaja son razones de mucho peso. Hay que estar muy enfermo para destruir instituciones y concentrar tanto poder.