Es por eso que las audiencias que se están llevando a cabo en la Audiencia Nacional de España, con sede en Madrid, están cumpliendo con la obligación que le correspondería al Estado salvadoreño de administrar justicia, en este caso justicia universal, pero que nunca quiso ni pudo hacerlo debido a múltiples factores institucionales, políticos y hasta personales por parte de aquellos llamados a hacerlo. Obstáculos como la aprobación y larga vigencia de la Ley de Amnistía, un discurso político que abogaba por el perdón y el olvido, impuesto a las víctimas por los poderes de turno y hasta la complicidad de gobernantes de izquierda y derecha, que vieron en las demandas de verdad y justicia una amenaza a la gobernabilidad del país, fueron parte de esta conspiración en favor de la impunidad en un crimen que hasta ahora se juzga en el continente europeo.
Este contraste de cosas no solo es evidente por la simple realización del juicio, sino que también por las personas que comparecen y el contenido de las declaraciones que se han escuchado hasta ahora. Entre otros, el testimonio de antiguos oficiales militares que han mencionado la existencia de una conspiración que compromete a las más altas autoridades civiles y militares de la época, el hecho de que el entonces viceministro de defensa y seguridad pública comparece de manera forzosa, tras ser extraditado desde los EE.UU. y hasta el trato respetuoso por parte del abogado de la defensa hacia los peritos y testigos de cargo, son aspectos que jamás podríamos haber visto en un tribunal salvadoreño.
Basta con volver a fijarse en lo que ha sido durante los últimos tres años el proceso y las audiencias celebradas en un tribunal de San Francisco Gotera, donde se juzga a los militares acusados por la Masacre de “El Mozote”, donde el interrogatorio a los testigos por parte de los defensores raya el irrespeto, cuando no la re victimización, en donde un juez consiente de su papel garante de los derechos y garantías procesales, apenas recibe el auxilio de otras dependencias estatales, en particular de las que componen el Órgano Ejecutivo, ya no digamos el contar con la tecnología mínima que le permitiría como en España, acceder a documentos y archivos virtuales, para ser vistos y analizados durante las comparecencias.
En resumen, este contraste de realidades y prioridades en lo que a administrar justicia se refiere, es lo que ha vuelto casi imposible erradicar la impunidad y el desprecio por la dignidad y la vida humana en El Salvador, especialmente cuando se trata de los más débiles, independientemente de su condición económica, pues toda víctima de violación de derechos humanos sufre a fin de cuentas el menoscabo de su dignidad y su valor intrínseco como persona, como ser humano que vive, quiere y siente, por el simple hecho de ocupar un lugar importante en su familia, en su trabajo y para la colectividad.
Vale la pena recordar que el primer juicio, el que sentó en el banquillo de los acusados a los autores materiales del asesinato de Elba, Celina y los seis sacerdotes jesuitas, realizado a inicios de la década de los noventas, fue trasmitido por la radio y televisión estatales, pero un verdadero juicio como el que continua este día en Madrid, apenas ha recibido la atención de las autoridades locales, si no es para atacar a los rivales políticos que de nuevo resultan mencionados por quienes testifican. La justicia pues, sigue siendo una cuestión utilitaria y de conveniencia política, persistimos en el mismo error del que nos sacó el proceso de paz y de seguir así, no será extraño que en un futuro volvamos a emprender el camino a Madrid.