Pero hay un tema al que habrá que apostarle con urgencia durante el próximo año. Me refiero al tema de la gestión del agua. Tenemos un severo problema asociado a la disponibilidad del recurso hídrico y no queremos reconocerlo. Nuestro territorio está tan degradado que no puede regular e infiltrar aguas lluvias de manera adecuada. Además, la contaminación de aguas negras provocada por las urbanizaciones, así como por el sector industrial, aunque en menor cuantía, contamina nuestras aguas superficiales y subterráneas.
Dado lo anterior, somos un país catalogado con alto estrés hídrico, ya que solo disponemos de 1,752 metros cúbicos de agua por persona por año, lo cual constituye un nivel muy cercano a la cifra oficial de 1,700 m3 per cápita anual. Para efectos ilustrativos, el potencial de El Salvador está calculado en 2,881 m3 por persona por año.
Pero la principal causa de estos desafíos es más bien la débil gobernabilidad del agua que existe en El Salvador. Un reciente estudio de Fusades afirma que el problema de gobernabilidad del agua se puede observar claramente en todos los proveedores del servicio del agua potable y saneamiento. Esto incluye al ANDA por supuesto. El estudio continua diciendo que el sector no ha contado con legislación moderna ni con un ente rector que permita avanzar de manera efectiva con la ampliación en cobertura de agua, ni contar con un esquema tarifario que refleje recuperación de costos, así como excedentes para inversiones adicionales.
Una capacidad efectiva de gobernanza para con el agua se traduce en la habilidad de un Estado para generar resultados óptimos y beneficios tangibles por medio del manejo de sus recursos hídricos y la provisión de servicios. Estos beneficios se traducen a nivel nacional en seguridad hídrica; crecimiento económico mejorado; mejor manejo de conflictos entre sectores; gestión de riesgos y desastres; mejor planificación y coordinación sectorial (energía, agricultura, turismo, áreas naturales, etc). A nivel local: coordinación sectorial en asignación del agua; manejo de conflicto entre usuarios en competencia; priorización de infraestructura necesaria para la prestación de servicios de agua; acceso comunitario a los procesos de toma de decisiones. Y a nivel individual: acceso mejorado al agua potable y saneamiento; mejora de la salud y en la calidad de vida.
Es crítico fortalecer capacidades en gobernabilidad del agua y esto tiene que ver con adecuadas políticas y legislación, administración e instituciones robustas, así como con la debida implementación y cumplimiento de acuerdos y normativas. Claramente esto es un enorme vacío de país y solo se comenzará a cubrir por medio de una buena Ley del Agua. Y la Ley del Agua es precisamente el punto de entrada para manejar este tremendo reto ambiental.
*El Licenciado Alvarez es Director Asesor de CEDES-Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible. Twitter: @jmagreen