Las Comisiones Especiales son una importante herramienta sustentada en la Constitución, que deberían servir para atender asuntos de interés nacional; sus facultades deberían ejercer un control político institucional sobre el Ejecutivo, abarcando desde un exhaustivo escrutinio a los informes de labores de las carteras ministeriales y autónomas, la interpelación de sus titulares, así como el seguimiento y evaluación sobre la ejecución del Presupuesto General del Estado a la luz del cumplimiento de los planes gubernamentales. La actuación de la actual legislatura (de amplia mayoría gubernamental) dista mucho de asumir temas de nación como los efectos del Bitcoin, los negocios de las empresas Alba y el involucramiento de altos funcionarios del actual gobierno, así como la investigación sobre los doce expedientes sobre corrupción de la CICIES hoy ocultos bajo la alfombra por una FGR que no toca ni con el pétalo de una rosa al Ejecutivo.
Esta legislatura de mayoría oficialista, en sus primeros 100 días de labor, en veinte comisiones de trabajo permanentes, apenas han aprobado 140 dictámenes; de estos 66 corresponden a la Comisión de Hacienda, en los que autorizaron $2,781 millones de más endeudamiento, sobrepasando el 100% del PIB para hundir más el futuro del país. Comisiones como la de Municipalismo tienen cero dictámenes, aun con la grave crisis que atraviesan los municipios por falta de pago del FODES y la grave situación sanitaria; mientras, las comisiones de la Mujer, Defensa, Familia, Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública, apenas produjeron un dictamen.
Esta Asamblea Legislativa, bajo el telón cian, se ha convertido en una entretención mediática con fines político-partidarios, más enfocada en la producción de parodias de telenovela para tergiversar e imponer su agenda política, instrumentalizando las comisiones especiales con el propósito de manipular la opinión pública. Lejos quedó el objeto de encontrar la verdad y, más distante aun, el propósito de combatir la corrupción. La legislatura ha perdido así la autonomía e independencia que le corresponde como primer poder del Estado, es comprobable que los hilos titiriteros que mueven sus actuaciones son manejados desde CAPRES, y es allá donde está el ventrílocuo que da voz a sus expresiones.
Por definición la función de una Comisión Especial no es juzgar, pero están obligados a seguir un debido proceso -que no existe en las presentes- por el criterio anticipado vertido en la propaganda de la comunicación institucional y en sus redes sociales. Es grotesco su afán de jugar a Torquemada y la Santa Inquisición, bajo el ridículo de la inexperiencia política y legislativa, pero su lengua bífida tiene bien clara la misión de activar el engranaje de la Fiscalía hoy subordinada al Ejecutivo para perseguir a toda forma de oposición. Hasta hoy no hemos visto comparecer ante estas comisiones a los aliados del régimen y menos aún a funcionarios del actual gobierno señalados por presuntos hechos de corrupción.
Un poder legislativo independiente debería estar enfocado en asumir los temas de interés nacional entre ellos combatir la corrupción como un problema estructural, tarea que exige una real independencia entre los poderes del Estado, el fortalecimiento del poder judicial y de los órganos auxiliares, Fiscalía y PNC, así como un mayor protagonismo de la sociedad civil y de los medios de comunicación independientes, con suficiente acceso a los mecanismos de información pública. Misión imposible para este régimen.
Septiembre se configura como un mes fatídico por una tercera ola de contagios de nuevas cepas de Covid19, creciente descalabro económico; imposición de una reforma constitucional y una ley de aguas. Entonces es urgente la unidad en la acción, sin sectarismos, de todas las fuerzas sociales, populares, comunitarias y democráticas al menos en uno de los temas de mayor coincidencia: la resistencia frontal de #NoAlBitcoin.