El medio expone detalles de fechas, lugares, circunstancias y personas, demostrando la estrecha relación comprometedora entre funcionarios del gobierno y las pandillas. La credibilidad también tiene a la base una prolongada y amplia experticia del medio sobre estos temas a lo largo de diferentes gobiernos y coincide con denuncias cotidianas señalando que las pandillas mantienen y amplían su control territorial, mientras el gobierno disminuye los operativos policiales en esos territorios, perdiendo capacidad de influencia, ya sea por falta de recursos policiales o por decisión superior.
Si bien hay una reducción de homicidios, esta disminución ocurre también en zonas no contempladas en los doce municipios del PCT (Plan Control Territorial), por lo tanto crece la presunción de la existencia de un pacto del gobierno con las pandillas- Además, los hechos contrastan con un severo incremento de otros delitos como desaparecidos, nuevos cementerios clandestinos, aumento de las extorsiones, desesperante ola de robos, atracos y hurtos que empujan al desplazamiento de miles de familias de sus lugares de origen.
Las abundantes pruebas aportadas por esta investigación periodística pueden contribuir a esclarecer si estamos ante una nueva tregua, si existe un acuerdo estratégico de mayor alcance con esos grupos criminales, o, lo que sería más grave, un pacto de gobernabilidad entre grupos criminales y el gobierno de Bukele. A la base de esta conclusión están, además de las abundantes evidencias expuestas, la ineludible y creciente fortaleza territorial de las pandillas, así como los indicios de apoyo electoral de estos grupos criminales al partido oficial de turno evidenciados en las facilidades y garantías que tuvo la bandera cian para franquear su ingreso a los territorios dominados por las pandillas, en contraste con el impedimento para los partidos de oposición. Igualmente, la inexplicable actuación de la Corte Suprema de Justicia, afín al régimen, para impedir a toda costa la extradición de pandilleros requeridos por crímenes investigados en EEUU.
El severo recorte y cierre del financiamiento de más de una docena de programas sociales gubernamentales, el debilitamiento de las municipalidades del país a través del irracional recorte del FODES y el impago de la deuda presupuestaria del gobierno con los municipios, anulan la capacidad de ejecución de los programas de prevención de la violencia y construcción de tejido social desde los municipios, atrasando el desarrollo comunitario y debilitando sensiblemente la capacidad de incidencia del Estado en los territorios, lo que conlleva a que el país se vea arrastrado a una espiral de abandono y pobreza que se convierte en el caldo de cultivo para el fortalecimiento del poder y control territorial de las pandillas.
Entre las razones de Bukele para duplicar la Fuerza Armada a 40 mil soldados, está la de un nuevo negocio que supla las ganancias que dejará de aportarles el declive del millonario gasto sin control que ha representado el manejo discrecional de la pandemia. Bajo la justificación del secreto militar, la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria será más difusa, en un río bastante revuelto de una onerosa compra de más pertrechos y armamento de guerra; a esto se suma la logística, transporte, telecomunicaciones e infraestructura militar ¿Albergará Bukele el absurdo “bolivariano” de romper los equilibrios regionales en materia de seguridad, insuflado por su entorno de asesores?, ¿o será que la decisión de engrosar la FFAA es parte del inconfeso pacto de gobernabilidad con las pandillas en desmedro de las capacidades de la PNC, disminuyendo sus capacidades de control territorial y la investigación científica del delito?
Como “Pinky y Cerebro”, que buscan frenéticamente dominar el mundo, Bukele engolosina a la Fuerza Armada convirtiéndola en instrumento operativo para ejecutar el caprichoso desvelo de su agenda política, ante la descohesión funcional de su partido. Estos delirios buscando truncar la esperanza por una cultura de paz, nunca terminan bien.