Es un error del régimen desechar una avanzada Ley General de Aguas y descartar la participación y auditoria ciudadana representada en la amplia alianza del Foro del Agua que comprende más de dos mil juntas comunales administradoras, movimiento popular, universidades, iglesias y que evidencian la injusticia hídrica del país.
El Salvador enfrenta estrechez territorial y sobrepoblación, un desordenado desarrollo, alta contaminación de aguas superficiales. Los mantos acuíferos menguan aceleradamente por la avaricia de sobre explotación sin posibilidades de recargar los mantos subterráneos mediante lluvias debido a la compactación y pérdida de suelos naturales brutalmente lapidados por una desordenada expansión urbanística; son décadas sin políticas, estrategias y planes efectivos para el manejo de los recursos hídricos que resuelvan la creciente demanda de agua potable. En la región somos el territorio más afectado por el estrés y presión hídrica.
El río Lempa es la mayor fuente de agua para las tres cuartas partes de la población salvadoreña, abastece la acuicultura y la pesca, además contribuye a la agricultura y ganadería. Este río nace en Guatemala a 1500 metros sobre el nivel del mar, en el municipio de Olopa, Chiquimula; le dan origen las quebradas El Manzano y El Jiote, luego se junta con el río El Rodeo en el que avanza 31 km antes de ingresar a Honduras, fortaleciéndose con otros manantiales. Ingresa a territorio salvadoreño recibiendo un fuerte impulso con las aguas del Lago de Güija, para atravesar 360 kilómetros hasta desembocar en el mar. La cuenca de El Lempa y sus afluentes son la columna vertebral del sistema hídrico del país.
El Lempa, como todas las cuencas de aguas superficiales nacionales, está severamente contaminado por los desechos de la Mina Cerro Blanco del municipio Asunción Mita, de Jutiapa, Guatemala. Esta es una de las mayores fuentes de contaminación de metales pesados, entre ellos arsénico, lanzados sobre el Río Ostúa que desemboca en el Lago Güija y este a su vez en El Lempa; a esto suman los desechos industriales, las aguas mieles del procesamiento del grano de café, el descontrolado uso de agroquímicos principalmente por el cultivo extensivo de caña y la descontrolada expansión urbanística que en la mayoría de los casos lanza toneladas de desechos contaminantes a estos cauces.
El Salvador vive una crisis hídrica a la que el modelo neoliberal ha sido incapaz de ofrecer una respuesta viable. Aceleradamente disminuyen las fuentes de agua, crece vertiginosamente la demanda del crecimiento poblacional y la presión del desarrollo, así como el ineludible efecto del cambio climático, pero no hay una estrategia sostenible que responda a la degradación de suelos, la pérdida de cobertura forestal, acelerada extinción de la biodiversidad y la contaminación agroquímica. Pesa mucho la falta de legislación que reconozcan y reivindiquen el derecho humano al agua y al saneamiento, tal como lo hiciera Naciones Unidas hace once años.
La crisis crónica del agua es un desastre hidro-social, aleja la recuperación económica y social, estimulando a una mayor migración interna y externa. Es muy grave y representativa la situación de Soyapango donde según autoridades municipales el 85% de la población no recibe agua suficiente, padeciendo desde la pandemia períodos de hasta 22 días sin servicio, afectando de la misma forma a Sierra Morena, San Bartolo, Altavista, Cimas, San Martín, Mejicanos, Cuscatancingo, Ayutuxtepeque, agravándose en los cordones suburbanos y marginales.
En estas comunidades es duro convivir con la pandemia, más aún bajo el control criminal de las pandillas, sumado al calvario de la triste y descolorida fila en los pasajes de barriles, cántaros, cumbos, pichingas y guacales, en la agónica espera de una pipa, o velando la esporádica caída de un raquítico e intermitente chorro de agua. Viene la aprobación de una ley, pero esta no debe aprobarse sin incluir a los principales afectados por su falta: la población.