Esta falsa revolución bukeliana es realmente una contrarrevolución que pretende “apantallar y encandilar” a sus seguidores bajo falsos cambios, falacia que le está provocando un generalizado rechazo internacional, y un sinsentido en momentos en que el régimen está urgido de un acuerdo con el FMI, atraer nuevos inversionistas, abrir mercados, reestructurar la deuda externa y estimular una solución migratoria de las autoridades norteamericanas que ofrezca estabilidad y mejores condiciones a nuestros migrantes.
La destitución de los magistrados de la Sala Constitucional y del Fiscal General significa un retroceso por las violaciones constitucionales y porque no representa ningún avance cualitativo en beneficio de la institucionalidad del país, las figuras impuestas en la Sala y la Fiscalía son recicladas de los más oscuros periodos de gobiernos corruptos del pasado, no hay nada que garantice el equilibrio e independencia entre órganos de Estado.
El absurdo enfrentamiento y los desatinos de Bukele afectan sensiblemente las relaciones internacionales alejando los apoyos para la recuperación económica y social por el inapropiado manejo de la pandemia. La arquitectura del diseño democrático del país, aunque imperfecto y sujeto a nuevas reformas, descansa en el consenso nacional de los Acuerdos de Paz, un compromiso de nación suscrito bajo los auspicios de la comunidad internacional: Naciones Unidas y países amigos que contribuyeron como garantes del rumbo de esta sociedad de postguerra, mientras hoy esa misma comunidad internacional ve con estupor como se destruyen las instituciones.
El falso nacionalismo de Bukele, su incapacidad y carencia de política exterior, contrastan con el entreguismo del que hizo gala subordinándose a la administración Trump con quien firmó sendos acuerdos violatorios de derechos humanos sobre asilo forzado para criminalizar la migración, documentos que todavía mantiene en secreto contra toda norma de acceso a la información pública; además del silencio y tolerancia de Bukele ante aquellos graves atropellos de la administración Trump contra nuestros connacionales migrantes, especialmente niños cruelmente enjaulados. Cada vez es más claro que la contrarrevolución bukeliana no persigue transformaciones estructurales, tan siquiera cumplir ofertas de campaña, su mayor esfuerzo está centrado en erigir un nuevo agrupamiento “empresarial” basado en el usufructo de los bienes del Estado y en el ventajismo de quebrar importantes sectores productivos del país abriendo espacio a sus alianzas empresariales con extraños grupos. Para ese cometido está urgido de blindarse de cualquier investigación sobre los graves hechos de corrupción a raíz de la gestión de la pandemia y de la gestión de recursos públicos, así como perseguir a quienes califica como sus “enemigos internos” y allanar el camino de su reelección.
Las lecciones de la compleja inestabilidad que atraviesa Colombia por la imposición de un paquete tributario, y la crisis económica y social desatada por la gestión de la pandemia, debiera ser un espejo de preocupación de lo que puede ocurrir en El Salvador, considerando además la advertencia de la FAO, el PMA y la Unión Europea sobre una inminente crisis alimentaria producto de las sequías, inundaciones, inseguridad, desempleo, disminución del ingreso y pobreza acumulada. Estas amenazas no se resuelven con programas clientelares de caridad con desvergonzada intención proselitista. El aislamiento de Bukele de la comunidad internacional, el pacto con sectores más conservadores de las fuerzas armadas, la policía y los mismos grupos criminales de pandillas apuntan a un mayor debilitamiento de la institucionalidad y de las organizaciones de la sociedad civil apuntando a una mayor represión, una fórmula que a lo largo de la historia siempre han generado mayor organización y lucha social, porque siempre hay hombres y mujeres a los que el miedo no los quebranta.