El objetivo de esa “operación de limpieza” en contra del sistema de justicia nunca fue la necesaria depuración del sistema judicial, su interés es colocar operadores afines y dóciles que no se atrevan a investigar ni a juzgar los crecientes hechos de autoritarismo y corrupción del gobierno, sujetos que permanezcan inertes ante graves violaciones a los Derechos Humanos y que sean inoperantes ante los arbitrarios e injustificados despidos de miles de trabajadores del Estado. La nueva fuerza de tarea fiscal y judicial, al servicio de Capres, será azuzada como instrumento de presa y persecución política en contra de quienes Bukele considera sus opositores; empujando así a la sociedad por un oscuro y escabroso sendero del que no se conoce ruta ni destino.
En el plano económico el régimen sufre un descalabro por la equivocada introducción del Bitcoin como moneda obligatoria de curso legal, en contra de todas las advertencias y señales del riesgo señalado por expertos, organismos financieros y, sobre todo, por una contundente mayoría de población que la rechaza tajantemente como moneda. La imposición del Bitcoin también ha estado acompañada de evidentes errores de planeación y ejecución, es una extraña operación en la que el Estado ya perdió más de cinco millones de dólares por la inestabilidad de esa criptodivisa. Esta imposición llegó en el peor momento del retroceso y estancamiento económico debido a los efectos globales de la pandemia y a la inapropiada gestión sobre la reactivación económica del país. Este descalabro se ha convertido en el lastre que empuja al mayor descenso de la preciada imagen que tanto preocupa a Bukele.
También llama la atención la deslucida entrega de la iniciativa de reforma constitucional encomendada al vicepresidente Ulloa, como parte de un atropellado y deslegitimado proceso, debilitado por la deserción de figuras y la impertinencia de una competencia que está claramente reservada para el Órgano Legislativo. Los trabajos de esta “constituyente” disfrazada de “reforma”, terminaron sin bombos ni platillos, entre gallos y medias noches, y únicamente a la luz de las opacas redes del vicepresidente, sin que el mandatario le diera mayor relevancia, probablemente porque su tema de mayor interés es asegurar la ruta de su febril reelección a cualquier costo, aunque implique acortar el camino a través de una retorcida interpretación hecha por quienes, por encargo del propio Bukele, usurpan la Sala Constitucional.
Si tomamos en cuenta el sombrío y ambiguo discurso de Bukele ante Naciones Unidas en el que la palabra más repetida es “crisis” carente de propuestas concretas de solución, igual que el discurso en la cadena del Bicentenario en el que trasluce amargura, frustración y resentimiento ante el resurgimiento de una vigorosa movilización social, queda muy claro el verdadero fondo del plan para duplicar el tamaño de la Fuerza Armada y la amenaza del uso de gases lacrimógenos, así como el control sobre fiscales y jueces: el control por sometimiento.
El éxito de la gran marcha del 15 de septiembre, representa la pérdida del miedo y la confianza en la combinación de movilización y redes sociales, hubo muchos carteles pero solo una consigna movilizadora: ¿Cuál es la ruta?.
El presupuesto será una nueva batalla, los ojos están puestos sobre su análisis. Esta iniciativa descarnará las prioridades del gobierno en materia de política social, después del retroceso de quince programas y del incumplimiento de la Ley de Desarrollo y Protección Social. Veremos si esta vez, el tercer Presupuesto General de La Nación, realmente cumple con lo prometido a tantos sectores.