En las próximas décadas, Centroamérica tendrá la población en edad productiva más grande de su historia, El Salvador no es la excepción; a esto se lo conoce como bono demográfico. Una oportunidad única para los países, pues el porcentaje de población en edad productiva es mayor a la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65); lo que permite que el potencial productivo de la economía sea mayor. Sin embargo, esta oportunidad también se puede convertir en un auténtico dolor de cabeza para los países, si no la aprovechan. En el caso específico de El Salvador este bono durará hasta 2030.

De acuerdo al «Quinto Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible», esta situación «no garantiza la obtención de resultados económicos favorables. Para ello es necesario realizar esfuerzos en materia educativa y laboral, con el fin de que las personas en edad de trabajar se conviertan en económicamente activas y altamente productivas».

Para nadie es un secreto que El Salvador lleva más de dos décadas con el menor crecimiento de la región centroamericana, acompañado de altos niveles de pobreza y exclusión. Por lo que, dadas las características del país, el más importante, y quizá único, motor de desarrollo es su gente. Sin embargo, ¿El Salvador está tomando las medidas necesarias para aprovechar el bono demográfico? La respuesta se encuentra en cómo está protegiendo a su niñez y adolescencia, así como a sus jóvenes.

Cuando se analizan las estadísticas, se puede apreciar que este año hay más de 800,000 niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela; además, El Salvador tiene la tasa centroamericana más alta de deserción escolar. Éste quizá sea uno de los indicadores que explica, y es explicado, porqué ocho de cada 10 niños se encuentran en situación de pobreza. Por si fuera poco, el país tiene una de las tasas de homicidio juvenil más altas del mundo, por ejemplo: en el primer semestre de este año 343 menores de edad han sido asesinados, un 14 % más que el año pasado. Y pareciera que no pasa nada.

El incremento de la violencia y del crimen en el país, la ausencia de oportunidades, la falta de trabajo, la impunidad en la que quedan los crímenes, pero también, la reunificación familiar, han hecho que la migración sea la única solución. Entre 2012 a marzo de este año casi 50,000 niñas, niños y adolescentes, migrando sin acompañamiento, fueron detenidos en Estados Unidos; a ellos se les suman los que lograron llegar a su destino y los que dejaron su vida en el intento.

Este mar de cifras devela que las aspiraciones de nuestro futuro están quedando ahogadas. Pero las estadísticas no logran contarnos lo que implica hoy en día ser menor de edad: ser acosado para formar parte de pandillas, encajar en el perfil para que las autoridades de seguridad piensen que es un pandillero, ocultarse en su casa para evitar que les pase algo. Y así nos estamos acabando nuestro bono demográfico.

Por ello insisto que el problema que tiene El Salvador, no es que el déficit sea alto o que las cifras fiscales no cuadren. El problema es que seguimos sin contar con una política fiscal que asegure educación y salud universal, que promueva la trasformación productiva -a través de la generación de empleos públicos y privados de calidad- y que permita cerrar la brecha entre hombres y mujeres, entre lo rural y lo urbano, entre adultos y jóvenes.

Ningún pacto fiscal, reforma de pensiones, acuerdo por crecimiento o plan de desarrollo funcionará si no se pone en el centro cuidar de la última posibilidad de desarrollo que nos queda. En proteger y garantizar el desarrollo pleno de los niños, niñas y adolescentes, nos estamos jugando nuestro futuro político, social y económico. Y pareciera que, aunque en el discurso se pueda hablar de este tema, en la práctica se está haciendo muy poco, demasiado poco para aprovechar el bono demográfico, la oportunidad que se nos escapa.