En el contexto de esta elección Venezuela enfrenta un recio bloqueo económico, político y diplomático del que la administración Trump en su momento manifestó: “todas las opciones están puestas sobre la mesa”, en clara alusión a una mayor escalada de agresiones, que posiblemente fue la señal que siguieron quienes planificaron y realizaron una cadena de sabotajes y de otras operaciones militares encubiertas de autoría aparentemente desconocida. Más allá de los errores, insuficiencias, deterioros y defectos del gobierno de Venezuela, hay suficiente evidencia que demuestra que entre los años 2013 y 2020 ese país enfrentó una intensa guerra no convencional dirigida principalmente a su economía, incautar sus reservas internacionales, derrumbar su moneda y producción petrolera. Un formato que se inscribe bajo la denominación de “Guerras de Baja Intensidad” o de “Cuarta Generación” con el propósito de generar y profundizar una crisis por “asfixia” que provocaría la implosión mediante un apretado “cerco” para provocar la escasez artificial de alimentos, agua, medicamentos, electricidad y combustibles, con los consiguientes efectos psicológicos y desestabilizadores que condujeran a alzamientos hasta el colapso generalizado.
Las novedades que dan la relevancia de estas últimas elecciones venezolanas se deben al éxito del proceso de negociación que, bajo los auspicios del gobierno de México, y con la mediación del gobierno de Noruega, las partes -Gobierno y oposición acuerdan cerrar filas sobre “la ratificación y defensa de la soberanía de Venezuela sobre la Guyana Esequiba” un conflicto de 180 años que los enfrenta con Guyana. En otro entendimiento de gran relevancia “las partes acordaron la necesidad de rescatar y recuperar los activos pertenecientes a Venezuela así como el dinero y riquezas que se encuentran en el exterior, necesarios para la recuperación económica en la post pandemia”, y en otro, se establecieron las condiciones de participación de la oposición en este último proceso electoral que condujo a la recomposición del CNE (Consejo Nacional Electoral).
El clima político de esta elección en la que participaron 87 partidos nacionales, regionales e indígenas ha sido de convivencia pacífica entre ciudadanos de diferentes opciones políticas; no se registraron incidentes de violencia que alteraran el resultado electoral en los 14,252 centros de votación y 30,106 mesas electorales. Las conclusiones de las misiones de observación internacional reconocen el esfuerzo del Gobierno y oposición de entenderse mediante el diálogo con acuerdos que permitieron: a la gran mayoría de la oposición volver a las mesas electorales; mejoramiento significativo de las condiciones electivas con un CNE que incluye representación de los partidos opositores; plenas garantías de supervisión desde las organizaciones de la sociedad civil; pleno derecho de vigilancia (testigos) de los partidos contendientes; un registro electoral debidamente actualizado con más de 21 millones de electores y un exhaustivo proceso de dieciséis auditorías integrales a cada uno de los componentes del plan general de elecciones.
La oposición si bien obtuvo un resultado significativo que les permitirá gobernar algunas importantes regiones y muchos municipios, enfrenta el reto del fraccionamiento y la división en tres bloques, dos que participaron de manera separada y fragmentada por mutuas desconfianzas en esta elección y un tercer agrupamiento encabezado por Juan Guaidó, que tras tres años de patrocinio externo sigue aferrado al interinato de un fallido gobierno que fracasó en su intento; le siguen Corina Machado y Leopoldo López con más seguidores en La Florida que dentro del país, aislados del tren del proceso de diálogo y de los acuerdos que avanza sin esperar; tampoco se advierten nuevos liderazgos opositores que en el corto plazo presenten una opción diferente. Mientras, Venezuela se va recuperando de la pandemia del Covid19 y admirablemente una dinámica sociedad reconstruye su economía.