En estos primeros días suelen aparecer las listas de propósitos para el nuevo año. Así sea únicamente en nuestras cabezas. Por cierto, en su mayoría son las mismas del año recién terminado, porque generalmente la realidad supera la expectativa. En el sector público esto es más evidente, cuando escuchamos las palabras desde el presidente, ministros, diputados o cualquier funcionario público sobre los compromisos para el nuevo año, da la sensación de que no se han dado cuenta que ni siquiera fueron capaces de cumplir con lo prometido el 2015.

Para este año la elección de cualquier funcionario de segundo grado debe darse mediante procesos transparentes donde se premie la idoneidad, capacidad e independencia. Iniciando por el Fiscal General de la República, pues este proceso sacó a relucir la podredumbre que hay al momento de escoger a un candidato en el país, donde priman intereses particulares al colectivo y donde los partidos están lejos de ser verdaderos representantes del pueblo. Pero además la Asamblea Legislativa aun tiene pendiente normativa relacionada con el combate frontal a los delitos fiscales y la corrupción; así como dejar de otorgar privilegios fiscales injustificados.

El sistema judicial tiene pendiente una depuración de jueces y magistrados; pero sobre todo dar la certeza al ciudadano que en el país no se premia la impunidad. Venga de donde venga. Ya que lastimosamente en El Salvador es más fácil ir a parar a la cárcel por robar una gallina que por robarse recursos públicos que implican que menos niños vayan a la escuela o no haya medicina en los hospitales, por ejemplo.

En materia económica, uno de los principales retos para el gobierno es concertar un incremento del salario mínimo, que permita a quienes representan el verdadero motor de desarrollo (las personas) tener ingresos suficientes para salir de la pobreza. Sumado a lograr un mayor crecimiento económico que no sea fruto de factores externos sino reflejo de una transformación productiva, donde se generen más y mejores fuentes de empleo, tanto en el sector urbano como en el rural.

También se debe asegurar ingresos suficientes al Estado; pues para contar con un país diferente se requiere transitar de una política fiscal raquítica a una que permita garantizar el desarrollo pleno de la población; es decir, pasar de un Estado de limosna a uno de derechos. Acompañado del incremento de ingresos debe ser el tener un gasto público de calidad, cuyo reflejo sea de la planificación y no de la improvisación. Como si fuera poco, este año se tiene que reconfigurar el sistema previsional, no solo para aliviar las finanzas públicas sino para asegurar que cualquier ciudadano, luego de terminar su vida productiva, pueda tener un retiro digno.

Finalmente está el tema de seguridad, no porque sea el menos importante sino el más complejo. Duele ver que somos el país más violento del mundo y que el miedo se ha apoderado de las personas, pues no es seguro ir a ningún lado. Y sin lugar a dudas el reto más grande es cambiar esta situación; donde es fundamental que las fuerzas de seguridad retomen el control de las distintas zonas del país, pero sobre todo asegurar que los niños tendrán acceso a educación de calidad y crecerán en un país donde se ha logrado reducir la desigualdad, la pobreza y que tendrán la certeza de que no deberán migrar para encontrar las oportunidades que anhelan; pues solo de esa manera se romperá el círculo vicioso de inseguridad.

La lista de pendientes para el 2016 es sumamente desafiante y ni los reyes magos podrán ayudar, si como sociedad no logramos consensos. Pero sobre todo ha llegado el momento de mostrar liderazgo y tomar decisiones que permitan alcanzar los cambios necesarios. Para ello es esencial que las medidas que se adopten no se hagan con base al número de votos que se van a perder sino por el número de vidas que se van a mejorar.