Bukele persigue, denigra y encarcela a sus opositores; se burla y bloquea al periodismo independiente y se ufana de montar la mayor maquinaria de propaganda política y guerra mediática para satisfacer su irrefrenable sed de poder.
Hay suficientes evidencias de corrupción de funcionarios del actual gobierno: los doce avisos presentados por la CICIES, hoy engavetados por el régimen; los indicios que sustentan la Lista Engel y que deberían ser gestionados por el Fiscal; los hallazgos de auditorías de la Corte de Cuentas, o las sendas investigaciones periodísticas que de oficio debería perseguir la FGR. Bukele guarda silencio sin remitir procesos sobre los incriminados, o al menos separarlos de sus cargos. Esta falta de voluntad política de combatir la corrupción abre el camino para sustituir el agotado despilfarro de recursos del Estado bajo la justificación de las urgencias de la pandemia, haciendo de los gastos militares el nuevo río revuelto al amparo del secreto de la seguridad nacional, encubriendo una nueva fase de corrupción y enriquecimiento ilícito, al igual que ocurrió durante los gobiernos dictatoriales.
El afán de Bukele por militarizar el país conlleva la amenaza de un fuerte instrumento de represión, además, evidencia el fracaso del Plan de Control Territorial (PCT) -si es que alguna vez existió -. La definición de una “IV Fase del plan” con cientos de millones adicionales, de acuerdo con el discurso de Bukele, es para la “incursión” en los territorios “bajo el control” del PCT, cuando en realidad esas zonas siempre han estado dominadas por esos mismos grupos criminales de pandillas. Son territorios en los que con mucha dificultad ingresa la fuerza pública, ya sea por falta de capacidad operativa, de recursos, o por algún tipo de tregua del gobierno con las pandillas. No existe control territorial después de gastar cientos de millones (prestados) y hoy será más difícil por el profundo debilitamiento del rol territorial de las municipalidades, carentes de presupuesto para el desarrollo local ante el severo recorte del FODES. Debilitar las capacidades territoriales municipales hará más frágil el tejido social incrementando la amenaza de más homicidios, extorsiones y desaparecidos.
Involucrar al ejército en tareas de seguridad publica ya fue un fracaso anterior, ahora duplicar el número de efectivos militares para controlar estos territorios es un sinsentido, será un fracaso mayor. Asignar un rol equivocado al ejercito terminó desnaturalizando el carácter civil de la PNC, este es un yerro que cometimos los dos gobiernos del FMLN al no poder ejecutar la estrategia integral trazada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia en lo pertinente a prevención, rehabilitación, reinserción, atención y protección a víctimas. La crisis de inseguridad, violencia y criminalidad de las pandillas es un fenómeno de seguridad publica producido por la exclusión del modelo económico y social. La militarización y la represión como carril unilateral, fuera del contexto de una concertación para alcanzar programas sostenibles en el tiempo que incluyan además de persecución del delito, educación, cultura, recreación, salud, empleo, hábitat comunitario, están condenados a repetir el fracaso.
La crisis global causada por la pandemia, la ausencia de rumbo político, una improvisada gestión financiera, creciente corrupción y autoritarismo, encaminan aceleradamente al país a una mayor inestabilidad económica, social y política. El aislamiento internacional cierra las fuentes de financiamiento alejando las posibilidades de recuperación económica en la que cada vez pierde valor la simpatía y legitimidad con la que Bukele llegó al gobierno. Es totalmente equivocado militarizar la sociedad, reprimir y cerrar los espacios políticos. Estos hechos debilitan más la institucionalidad democrática y abonan a una incontenible espiral de confrontación política y social que terminará hundiendo al país en mayores niveles de pobreza y subdesarrollo.