El esfuerzo de cada sociedad, con abismales diferencias gubernamentales de capacidad de planificación y ejecución, se centró en resistir el asedio de nuevas e imprevisibles modalidades del Covid19, medianamente combatidas con la ampliación de cobertura de vastos programas experimentales de inmunización de diverso origen y la constante promoción de campañas de conciencia sobre la aplicación de protocolos de bioseguridad imponiendo normas de protección y distanciamiento social, que llegaron para quedarse por mucho tiempo y que chocan con la falta de disciplina individual y comunitaria. A esto se suma una improvisada batería de millonarios y desarticulados programas gubernamentales de asistencia emergente para aplacar el impacto de la pandemia en los sectores considerados más afectados.
La contención de la pandemia en cada país se entremezcla con la desesperada búsqueda de portillos y recursos que aceleren un modelo disperso de reapertura económica y social que abone a la construcción del paradigma de una difusa “nueva normalidad” para reconstruir lo perdido y poder retomar el camino del desarrollo bajo las nuevas condiciones; sin embargo, la capacidad para identificar atajos que acorten el camino al desarrollo dependen en gran medida de: la fortaleza institucional de cada país; la disponibilidad de recursos naturales; los márgenes de endeudamiento público; la capacidad de gestión de nuevos recursos mediante reformas tributarias progresivas; la capacidad de concertación nacional de cada gobierno con los distintos sectores; y la sabiduría para saber aprovechar y manejar las relaciones diplomáticas en el contexto de un mundo multipolar más complejo.
Los problemas recurrentes que enfrentan nuestros países durante este y el próximo año son, entre otros: una inflación fuera de control que vertiginosamente seguirá incrementando el índice general de precios, golpeando así el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables; un elevado costo de la energía eléctrica y combustibles limitando la competitividad y reduciendo las capacidades productivas, impactando directamente en los hogares y en el transporte de todo tipo, con la consiguiente afectación a la cadena global de suministros y por ende en una desaceleración económica. En estas condiciones es inalcanzable la distancia de la canasta básica de alimentos que apunta a un mayor déficit nutricional y profundización de la pobreza. Esta crisis inflacionaria es previsible que también diferirá por mucho más tiempo la brecha del déficit habitacional para los sectores más vulnerables hasta generar una mayor efervescencia social.
En este contexto de incertidumbre internacional y regional por la prolongación de la pandemia, debido a imprevisibles nuevas cepas del Covid19 y las consecuentes amenazas a la vida y afectación al desarrollo económico global, en el que además los países desarrollados que tradicionalmente han cooperado con países en vías de desarrollo hoy vuelcan sus agendas a la atención de sus asuntos internos y a sus prioridades estratégicas, es razonable la preocupación generalizada sobre la falta de rumbo y futuro de El Salvador para el nuevo año, especialmente cuando a dos años y medio de gestión aún no hay Plan de Gobierno.
El país enfrenta graves retrocesos democráticos por las reiteradas violaciones constitucionales y el creciente autoritarismo que han desmontado los pocos avances en la independencia fiscal y judicial, así como los crecientes ataques a la prensa independiente y a los diferentes movimientos de resistencia popular y ciudadana, a quienes el régimen considera sus enemigos, a esto hay que sumar los graves problemas de corrupción y la creciente falta de transparencia en la gestión pública que repercuten en aislar más al país de la comunidad internacional. Ante este panorama es comprensible que en 2022 se exprese una creciente movilización social como respuesta, respuesta que no podrá contenerse con más publicidad. Por cierto ¿Cuánto se habrá gastado en este rubro en 2021?