La famosa Lista Engel es una herramienta más de la caja de recursos diplomáticos de Estados Unidos, su impacto causa una amplia variedad de sensaciones y reacciones que van desde el escándalo, producido por la novelada expectativa mediática de lo que se veía venir, el temor de quienes pasaron noches en vela comiendo ansías debido a su íntima culpa para sentirse incluidos; la indignación, de los que pueden estar en la doble condición de aludidos o protectores -y que como avestruces se ocultan en un falso soberanismo cobijado en el principio autocomplaciente de la no intervención para blindarse y resguardarse-; los frustrados, que ven incompleta esa lista porque no incluye a sus enemigos más odiados; de impotencia, sobre una administración norteamericana que creen omnipotente, omnipresente, que pareciera no tener uñas, dientes, o voluntad política para actuar y resolver lo que hasta hoy no hemos tenido capacidad de resolver los salvadoreños.
La Lista Engel es un esfuerzo valido, que probablemente sea apenas la punta de un “iceberg” de grandes proporciones. Aunque unilateral del gobierno y congreso de EEUU, corresponde principalmente a su estrategia geopolítica para perseguir a quienes considera infractores desde la prioridad de sus propios intereses. Desde nuestro interés nacional mucho ayudará gestionar esos expedientes como un valioso insumo que debe asumirse para investigar con seriedad desde la institucionalidad del país, hoy, o cuando nuestra institucionalidad sea recuperada. Desde un acuerdo de asistencia, esta investigación debería ser un recurso constructivo de cooperación para rescatar, construir y fortalecer nuestra institucionalidad democrática.
Desde un enfoque de soberanía, hay antecedentes de como nuestro país ha confiado y beneficiado de la asistencia de la comunidad internacional, este fue el caso de “La declaración Franco-Mexicana” (28 agosto 1981) que declaró al FMLN-FDR como una fuerza política representativa con el legítimo derecho de participar en una solución política. Esta “intervención”, aceptada por unos y rechazada por otros, contuvo mayores niveles de intervención militar y, años después, terminaría allanando el camino a Naciones Unidas y los Países Amigos para proporcionar la asistencia, apoyo y buenos oficios que fueron necesarios para alcanzar los capítulos del proceso de dialogo entre las partes en conflicto que dieron forma hasta suscribir Los Acuerdos de Paz para poner fin a la guerra civil.
El proceso de paz requirió armonizar la soberanía con la intervención consensuada de la comunidad internacional en beneficio del país, antecedente de esto fue crear “La Comisión de La Verdad” como parte del Acuerdo de Paz. En esta iniciativa internacional, en la que participaron juristas de alto nivel, se investigó sobre el cometimiento de crímenes atroces y de lesa humanidad para deducir responsabilidades de las partes en los hechos cometidos durante el conflicto armado; sus conclusiones han dado pie a la necesidad de emprender un proceso para acceder a la verdad, hacer justicia y reparar a las víctimas. Por lo tanto, la alegación de soberanía y autodeterminación no debe ser un blindaje para la impunidad o encubrir la corrupción, la cooperación internacional consensuada en el caso de la historia reciente de El Salvador ha sido un recurso para avanzar en justicia e institucionalidad.
Es evidente que graves males como la corrupción, la evasión y elución tributarias, el tráfico de influencias, el uso político partidario de los recursos del estado, el lavado de capitales, el narcotrafico, el contrabando y la trata de personas han dado pie a diversas formas de enriquecimiento ilícito por décadas. Esta tendencia lejos de disminuir va en un alarmante incremento en este gobierno desde el río revuelto de la opacidad, concentración de poder, autoritarismo y ruptura de la institucionalidad; minando y retrasando las posibilidades para el desarrollo del país, gestando un círculo vicioso cada vez más crónico de debilidad de las instituciones del Estado, tanto por la falta de empeño y voluntad política, como por el uso político partidario de las instituciones para perseguir críticos y opositores.
Es evidente el retroceso de Bukele, quien liquidando a la CICIES abandonó su compromiso público de meter preso a quienes de su gobierno se involucrarán en corrupción; por lo tanto ¿sería posible superar el flagelo de la corrupción y el enriquecimiento ilícito sin el concurso de la comunidad internacional? Creo que no, este gobierno está enervado de corrupción y no permitirá que lo investiguemos y si no ¿Cuál es razón para apostarle a la opacidad? Saque sus propias conclusiones.