Durante el periodo electoral de la última elección legislativa y municipal del 28 de febrero alcanzó su mayor popularidad, dolosamente montada en la ilusión de coloridos globos de efímeras promesas de campaña que muy pronto reventaron extinguiéndose ante la punzante realidad de acciones dictatoriales que difuminaron el frágil arcoíris de expectativas. De ahí que antes de llegar a la mitad del mandato presidencial, en diciembre, Bukele y su régimen han iniciado una tortuosa caída del 13% en las preferencias de opinión entre mayo y octubre, de acuerdo a la encuestadora Mitofsky, muy utilizada por el gobierno.
La descarnada realidad expone los despojos de un gobierno opaco, cargado de nepotismo y corrupción, severamente endeudado, diplomáticamente aislado; con la peor crisis económica y social de la posguerra por un desmedido alto costo de la vida, profunda crisis ambiental sin derecho al agua, hundido en una nueva crisis de inseguridad pública que provoca un gran éxodo migratorio, miles de desaparecidos y el territorio convertido en una gran fosa clandestina saturada de restos humanos.
El descenso de Bukele en las preferencias, coincide con la efervescencia crítica en las redes sociales y programas de opinión y la creciente movilizacion de miles de manifestantes, en tanto surgen diversas y novedosas expresiones de protesta social para rechazar las erradas politicas del régimen. En este contexto merece particular atencion la “Ley de Agentes Extranjeros”, un nuevo mecanismo de represión gubernamental aviesamente dirigido para ahogar y aniquilar a las organizaciones cívicas que reciben cooperacion internacional, entre ellas las que estan en el espacio de ONGs, gremios, comunidades organizadas, organizaciones de mujeres, Foro Nacional de la Salud, Alianza Nacional Contra la Privatización del Agua, Mesa Nacional Contra la Minería Metálica y cualquier institucion dedicada al acompañamiento de la poblacion organizada para hacer uso de las herramientas legales del sistema en contra de las arbitrariedades.
La intencion del regimen de Bukele es ahogar a las organizaciones cívicas cortándoles el financiamiento bajo el supuesto de aplastar la creciente efervescencia social, derechos y libertades garantizadas en la Constitución como prerrogativa para responder ante abusos del poder gubernamental. Esta ley pretende criminalizar el abnegado trabajo de cientos de entidades cívicas insertas efectivamente en los territorios en favor de la población, cubriendo los vacios que dejan las incapacidades de instituciones de gobierno sobre problemas estructurales, especialmente: extrema pobreza, al fomentar las capacidades productivas; el conocimiento, la promoción y ejercicio de derechos; la participacion ciudadana en los asuntos públicos y comunitarios, la inclusion de mujeres y jóvenes; el rescate y preservación del medio ambiente y el acceso al agua potable, la vivienda y el hábitat comunitario; así como, el acceso a la salud integral y la educacion para la vida.
La Ley de Agentes Extranjeros utiliza términos ambiguos y discrecionales, plazos antojadizos; deja manos libres a los agentes del gobierno, amenaza con sanciones desproporcionadas, impone multas onerosas, cancela personerías jurídicas, confisca un 40% de fondos de la cooperación solidaria internacional, desamparando a la población más vulnerable sin garantías de sus derechos; nuevamente, es la población salvadoreña la más afectada. Todo lo que sube, cae, y “en función de sus masas y de la distancia que los separa” si Bukele no comprende la ley de la gravedad será la misma población quien se lo haga entender (y quizás no con manzanas, sino con piedras).