A los errores políticos hay que sumar la incapacidad de gestión económica del régimen autoritario, que va desde graves acusaciones de corrupción, fracaso en la atracción de inversión nacional y extranjera; erráticas medidas como la imposición del Bitcoin como moneda de curso legal, abandono a los productores principalmente del sector agropecuario y empresarios nacionales. Estos fracasos han derivado en atraso y destrucción de miles de puestos de trabajo, así como el desplome de la capacidad de ejecución presupuestaria, en la que de una previsión de $640.4 millones para inversión pública en la asignación 2020-2021 fueron recortados $115.2 millones, resultando ejecutado a penas el 12.8% de los fondos aprobados. Esta es la ejecución más baja de los últimos treinta años, provocando una mayor contracción económica, una injustificable reducción de inversión pública y por lo tanto una severa caída del empleo.
La exorbitante crisis económica provoca el descontrol de una incontenible escalada inflacionaria que solo en los últimos ocho meses se disparó desde el 0.27% en enero, hasta el 4.3% en septiembre, profundizando así una crisis que arrastra a los principales productos de la canasta básica (huevos, aceite, maíz, el gas, electricidad, combustibles, el transporte, entre otros), profundizando las condiciones de pobreza. Mientras, el país padece una de las mayores alzas de contagios y fallecidos por el descontrolado crecimiento de contagios de covid19, que solo en los primeros nueve días de octubre registra 136 decesos (para un promedio de 15 fallecidos diarios), con las limitaciones de registro de los datos oficiales.
En tanto, el BCR confirma la grave caída, hasta hoy nunca vista, de los precios internacionales de los bonos salvadoreños que solo en septiembre cerró con una estrepitosa caída a 67.4 puntos por cada $100 de inversión y una acumulación de intereses por pagar del 22% debido a la pérdida de 32.60 puntos, respecto al valor original de esos instrumentos. Los expuesto colocó al país en la dramática condición de adquirir nuevos empréstitos a exorbitantes tasas del 12,5%, cuando nuestra vecina Guatemala accede a créditos en el mercado financiero con tan solo el 3 o 4% de interés. Esta situación es muy preocupante debido al exorbitante crecimiento de la deuda externa salvadoreña que solo en los últimos veintiséis meses de esta administración creció en $4531 millones, a razón de $174,3 millones por mes, para situarse en más de $22,722 millones de dólares, siendo el mayor endeudamiento en la historia del país.
Con este oscuro panorama la presentación del Presupuesto General del Estado hace dos semanas, y apenas hecho público recientemente por la bancada legislativa de Vamos y no por el ministro de Hacienda o la bancada oficialista, demuestra la opacidad del Ejecutivo y de sus diputados, así como la falta de financiamiento que permita cerrar la brecha de $498 millones faltantes. Además, el régimen no ha sido capaz de mostrar los ejes de su política presupuestaria, y menos, el marco y medidas fiscales de mediano plazo. Tanto el opaco sigilo gubernamental conque elaboraron el presupuesto 2021-2022, las graves deficiencias en la ejecución del presupuesto anterior 2020-2021, la falta de evaluaciones transparentes que expliquen el despilfarro de fondos públicos en descabelladas iniciativas de beneficio privado como es el Bitcoin y la Chivo Wallet, sumado a la grave señal de un exorbitante incremento del presupuesto militar que enciende las alarmas sobre la adiccion del gobierno por gastar y endeudarse son razones adicionales para el incremento de movilizaciones de protesta social, como la convocada para este domingo 17 de octubre.