La mayoría que en su calidad de funcionario o exfuncionario público no ha declarado su patrimonio trabaja o trabajó en ministerios de Gobernación, Hacienda y Salud; Banco de Fomento Agropecuario (BFA) y Policía Nacional Civil (PNC).
Hay 26 personas que laboraron o laboran en la PNC que no han declarado sus bienes cuando asumieron el cargo; y 19 que tampoco lo hicieron cuando dejaron el cargo. En Gobernación, 26 funcionarios no han declarado sus bienes al tomar posesión y seis no lo hicieron al cesar sus funciones.
El informe, que corresponde al periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2018 y fue parte de un estudio que hizo el Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), no detalla de cuánto es el atraso que tiene cada uno de los funcionarios.
Probidad registra como pendientes tres informes patrimoniales de toma de posesión en la Fiscalía General de la República y uno de cese de funciones.
Hay funcionarios que no declararon sus bienes cuando asumieron o dejaron cargos en la Comisión Ejecutiva Aeroportuaria Autónoma (CEPA), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), y el Organismo Promotor de Inversión y Exportaciones (Proesa).
La CSJ impuso nueve sanciones durante ese periodo, todas aplicadas a funcionarios municipales: Héctor Romero como síndico de California; José Hernández a su cese de funciones como alcalde de Verapaz; Ricardo Chávez, a su cese como síndico de Guadalupe, Tobías Orellana, de Las Flores, Chalatenango, Ismael Romero, de cese de funciones de Santa Rita, entre otros.
