El Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos (IIDC) Sección El Salvador, Acción Ciudadana, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) y la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), emitieron un comunicado en donde afirman que el nuevo decreto es “nulo”, por exceder las potestades legales del Órgano Ejecutivo, e invadir las funciones de la Asamblea Legislativa.
Las organizaciones señalan que la Sala de lo Constitucional ya suspendió la declaratoria de emergencia de la Presidencia, contenida en el decreto ejecutivo 18, y con la nueva declaratoria, “nuevamente se decreta un estado de emergencia”, con una “clara intención de evadir el control constitucional” de la Sala.
Las instituciones no gubermanentales pidieron que los magistrados certifiquen a la Fiscalía General de la República para que investigue a la Presidencia por el posible delito de desobediencia a mandato judicial.