Las afectaciones podrían concluir en demandas nacionales o internacionales incluso de empresas, según abogados. / DEM
Un grupo de bogados del país ven abierta la posibilidad de que personas particulares e incluso inversionistas establezcan demandas nacionales o internacionales por considerarse perjudicados por funcionarios o actos durante la pandemia covid-19.
De acuerdo a Rodolfo González, exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, ha habido “un verdadero incumplimiento” de la sentencia de la Sala de lo Constitucional por parte de los órganos Ejecutivo y Legislativo. En ello, hay responsabilidad, que puede ser penal, civil, administrativa e incluso política, sostuvo en el programa de Pencho y Aída, transmitido este martes en 107.7 fm Fuego.
González reveló que muchas personas están considerando demandar a los funcionarios personalmente por la afectación concreta de pérdida de empleo o salvadoreños que se quedaron varados fuera de su país antes del cierre del aeropuerto.
El abogado Humberto Sáenz, experto en arbitrajes, agregó la posibilidad de que exista responsabilidad internacional y consideró que los inversionistas tienen herramientas para reclamar y acudir a foros competentes. “No lo han terminado de entender las autoridades. No les están explicando que sus decisiones están generando esta posibilidad de reclamaciones”, dijo.
El abogado constitucionalista German Rivera ve posible demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ante la Corte Interameriana de Derechos Humanos, cuando el mecanismo es la protección a los derechos humanos en materia de protección a la vida y a la salud. “Estas decisiones son en contra del Estado”, dijo.También, consideró posibles responsabilidades en la vía económica.
Incumplimiento
El exmagistrado González opinó que el Estado tiene las suficientes herramientas para afrontar la crisis que por la pandemia covid-19 en El Salvador. Explicó que la sentencia de la Sala de lo Constitucional no podría haber dicho que no se puede limitar la libre circulación, porque “es la Constitución la que autoriza a que se establezcan esas restricciones”.
“Lo que pasa –añadió– es que la Sala dice: hagámoslo de forma racional, proporcional. Si un foco de infección está en tres departamentos, San Miguel, La Libertad y San Salvador, ¿por qué establecer el cierre total?”.
El Gobierno pidió el 24 de junio un régimen de excepción y cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional por 15 días. El 8 de junio, la Sala declaró inconstitucional un régimen aprobado el 29 de marzo por no estar justificado.