Abogados evaluaron el proceso de elección de candidatos en un conversatorio. / Y. Magaña
Un conjunto de juristas consultado por Diario El Mundo ven la posibilidad que diputados de la Asamblea Legislativa puedan ser demandados y condenados civilmente por daños y perjuicios contra ciudadanos cuyos derechos estén siendo transgredidos por la falta de una Sala de lo Constitucional.
Actualmente, no hay una ley que ordene sanción monetaria o descuentos salariales a los diputados que incumplan su función de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), dice la abogada Erika Saldaña, presidenta del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ).
Sin embargo, Saldaña cree que una persona a quien se le esté vulnerando su derecho y sufre un agravio específico está habilitada para que el Estado le pague el daño que le provoque la falta de elección.
El directivo del Centro de Estudios Jurídicos (CEJ), German Rivera, explicó que el artículo 245 de la Constitución de la República responsabiliza personalmente a funcionarios públicos por violaciones de derechos constitucionales. “Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución”, reza el artículo 245.
Al no haber una instancia que pueda emitir medidas cautelares de hechos que violen los derechos constitucionales de personas, los diputados pueden estar violando indirectamente derechos, por ejemplo, a la salud si un paciente enfermo solicitó amparo ante la falta de un tratamiento o medicina.
El abogado explica que en este caso procede demandar civilmente a los diputados por daños y perjuicios ante la Cámara Primera de lo Civil de la Primera Sección del Centro. “Lo que estoy planteando es que el 245 plantea que los funcionarios que violan derechos de las personas pueden responder con su patrimonio por esa violación de derecho. Un ciudadano que considere que no habiendo Sala se le está violando el derecho de acceso a la justicia puede reclamar”, subrayó.
Claudia Umaña, abogada de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), aseguró que hay materia nueva contencioso administrativa y civil para que los diputados respondan por esta falta.
Hoy se cumplen 106 días de atraso en la elección de magistrados de la Sala de lo Constitucional y otros magistrados que podrían ser asignados a la Sala de lo Civil.
Por mérito
Los abogados sostienen que los diputados no solo deben elegir lo más rápido posible a los cinco magistrados propietarios y sus cinco suplentes, sino elegir a los idóneos y no a otros. Saldaña asegura que “es mentira que los 30 candidatos sean idóneos”. “No todos tienen experticia jurisdiccional”, ejemplificó.
Claudia Umaña explica que no solo se trata de que cumplan los requisitos mínimos. Si los diputados no eligen a los mejor evaluados, advierte, estarían mostrando que su elección se basa en criterios políticos o conflicto de intereses fuera del ojo público.
Piden fortalecer proceso de selección en Fedaes
El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) sostuvo este sábado un conversatorio de evaluación del proceso de elección de los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Una de las conclusiones del conversatorio fue la necesidad de normar filtros de selección de las asociaciones de abogados, algo que por la falta de tiempo no se hizo en la elección pasada, reconoció German Rivera, quien dirigió el Comité de Elecciones de la Federación de Asociaciones de Abogados (Fedaes).