En una conferencia virtual impartida por el Centro de Investigación para la Democracia (Cidemo) de la Universidad de Oriente, el director de I&D Consulting, Rommell Sandoval, aseguró que grandes acuerdos de cooperación para el desarrollo en El Salvador, incluyen cláusulas de cumplimiento democrático, anticorrupción y de respeto institucional.
En este marco, recordó, se han suscrito la Carta Interamericana de Derechos Humanos, de obligatorio cumplimiento para países de la Organización de los Estados Americanos; o de cooperación, como el compacto Fomilenio II con la Corporación Reto del Milenio (MCC, por su sigla en inglés), del gobierno de Estados Unidos, que exige el cumplimiento de una cláusula democrática;
Documentos como el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana (CAFTA-DR); y el Acuerdo de Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (AdA), establecen controles a la administración pública en materia anticorrupción “que no pueden ignorarse ni siquiera en estado de emergencia o excepción”, agregó.
Contraloría debilitada
Desde que se decretó estado de emergencia y calamidad pública el 14 de marzo “las instancias están debilitadas, incluyendo las instituciones de contraloría de diferentes tipos”, aseguró la magistrada del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), Guadalupe Burgos.
El compacto de cooperación de Fomilenio II, que administra $365.2 millones entre donaciones de Estados Unidos y fondos salvadoreños, es uno de los más estrictos en su evaluación.
Desde hace tres años, El Salvador reprueba el control de la corrupción, uno de los 20 indicadores que se evalúa MCC cada año para determinar dónde invertirá sus fondos para el desarrollo.
Por su parte, la Carta Democrática Interamericana, firmada por El Salvador ante la OEA, establece en su artículo 4 que la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad y el respeto a derechos sociales “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia”.
Pide, además, “la subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad”.