La diputada Jackeline Rivera, de ese partido, señala que se pretende “manosear” el trabajo de la Sección de Probidad, decidiendo “a quién se investiga”. “¿Cuál es el verdadero propósito?, ¿darle más dientes a la Sección de Probidad o seguir teniendo la oportunidad, que es lo que ha sucedido con la Ley de Enriquecimiento Ilícito, de manosear los procesos, de decidir a quién se investiga”, cuestionó. Añadió que “les preocupa” que se conozcan casos de corrupción prescritos a los que podría aplicárseles la Ley de Extinción de Dominio y cuestionó que se intente limitar el concepto de enriquecimiento ilícito al robo de dinero del Estado, cuando puede ocurrir por corrupción o lavado de dinero.
René Portillo Cuadra, de ARENA, aseguró que “no les surtió efecto” a FMLN y GANA el intento por frenar los procesos de juicios por indicios de enriquecimiento ilícito. Aseguró que pedirán que se retome la discusión. El diputado Antonio Almendáriz, del PCN, sostuvo que advirtieron que se debía sustituir la facultad de la Sala de lo Civil a la Corte plena.
Por su parte, Javier Argueta, asesor de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), del Grupo Gestor de la Ley de Probidad, aseguró que, de no darse esta suspensión, “todos los casos de enriquecimiento ilícito iban a quedar paralizados”. También, instó a investigar a los “testaferros”.