Óscar Quiteño, de la Unión Nacional de Agencias de Seguridad Privada (UNASP), aseguró este jueves a los diputados de la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa que el proyecto presentado el 20 de julio por Nuevas Ideas provocaría la reducción de 50 a 60 % en los servicios contratados.

“Algunos clientes se van a tener que ajustar. Van a dejar solo 8 horas, esto significa que se van a quedar unas horas sin seguridad”, expresó Quiteño, citado este jueves en la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa.

El efecto, agregó, será desempleo, inseguridad jurídica y delincuencia.

Aseguró que las agencias de seguridad no podrán tener a “ese 50 % de empleados que los clientes nos van a devolver sentados en las oficinas”, por lo que prevé despidos.

Sin embargo, agregó que las agencias no tienen capacidad financiera para pagar esas indemnizaciones. Ejemplificó que, si en su empresa de 1,160 empleados, estos tuvieran un año de antigüedad, requeriría $550,000 para indemnizaciones. “No los tengo”, dijo.

El representante de las agencias prevé que los jueces de lo laboral van a decretar embargo y probablemente la empresa cerrará o quebrará.

 

Precios y ganancias.


De acuerdo a las agencias de seguridad, las empresas clientes de las agencias de seguridad están preguntando precios con la nueva ley. Quiteño sostuvo que “lo que más nos preocupa a nosotros los empresarios es que este problema puede potenciar a las empresas ilegales”.

Los diputados solicitaron a los representantes de las agencias propuestas de jornadas laborales para los agentes de seguridad.

Las empresas aseguraron que algunas empresas tienen un margen de ganancias de un 4 %, por lo que con 1,000 empleados se estaría hablando de una utilidad de $23,000 mensuales. El representante de las agencias de seguridad privada señalaron que hay que pagar renta.