¿Es un punto de honor que el Gobierno no tenga mayoría simple en la Autoridad Hídrica?, se le preguntó a la ANEP.
“Nosotros hemos visto que todas las entidades donde el Gobierno tiene mayoría tiene más dificultades para funcionar, no este gobierno, hoy gobierna el FMLN, dentro de 10 años tendremos un gobierno diferente. En todas las entidades donde controla el Ejecutivo la cosa no funciona bien”, señaló Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de la ANEP.
La tesis de ANEP es que los gobiernos de turno administran el agua con un criterio electoral, es decir, para ganar adeptos o castigar a sus detractores.
La participación que la ANEP busca en la Autoridad Hídrica, si bien aseguran que no es privatización, busca no solo fiscalizar o controlar la administración del agua sino incidir en las decisiones. “Todos los directores tienen una labor importantísima de buscar incidir, hoy día no podemos decir que el Fondo Social para la Vivienda esté privatizado”, insistió Jiménez. Agregó que el Gobierno suspendió el diálogo en el cual habían acordado una autoridad en la que el gobierno tenía tres directivos, la empresa privada, dos, y las alcaldías, dos.
Javier Argueta, asesor legal de la ANEP, sostuvo que el Gobierno pretende usar la Ley General de Aguas como estrategia para cohesionar a la izquierda enfrentándola con el sector privado y esconder la investigación contra el expresidente Mauricio Funes. “Aun estando en el Gobierno quieren mover las masas no a través de buenos servicios públicos, a través de un pleito con el sector privado, un pleito sin fundamento, quieren fortalecerse electoralmente, quieren alejar todo aquello que les afecte, la corrupción del presidente Funes”, dijo.
La Comisión de Medio Ambiente estudia un proyecto de ley que, en su artículo14, delega el nombramiento de dos directivos a la ANEP, dos a la Corporación de Munipalidades de El Salvador (Comures) y uno a la Presidencia de la República.