Con 57 votos a favor y 13 en contra, la Asamblea Legislativa aprobó en plenaria extraordinaria una nueva prórroga al subsidio estatal para el transporte público, por seis meses más, sin ningún tipo de condiciones para empresarios transportistas.
David Reyes, principal impulsor de aplicar condiciones al subsidio, aseguró que "ahora se tomó una mala decisión en la Asamblea Legislativa", y lamentó que "todos los partidos apoyaron una prórroga sin condiciones".
"Esta era la última carta de negociación que teníamos para mejorar el estado del transporte público, pero no hubo suficientes votos para apoyar la modernización de la flota, ni el servicio al usuario", agregó.
Desde el jueves pasado, los diputados dejaron pendiente continuar la discusión y aprobar un plazo de seis meses para la subvención del Gobierno al sector transporte. Este fue un acuerdo al que llegó la Comisión de Hacienda junto al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez Herrera, y el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes.
Los funcionarios solicitaron un período de seis meses más para entregar una "reforma integral" al sistema de transporte colectivo, y acordaron incluir disposiciones de ley más estrictas para los empresarios que reciben el subsidio.
La prórroga quedó renovada sin restricciones, con el apoyo de la mayoría de partidos, esperando las disposiciones del Gobierno. En total, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) destinó $49.3 millones para la entrega de subsidios al transporte en el presupuesto general de la nación de 2020.
Diputados de Arena, FMLN, PCN y Gana votaron por extender el subsidio, por lo que, desde el 1 de enero de hasta el 30 de junio de 2020, el Viceministerio de Transporte (VMT) seguirá financiando a los transportistas con $200 por cada microbús, y con $400 por cada autobús.
Las cuatro reformas a la “Ley transitoria para la compensación económica y estabilización de tarifas del servicio público de pasajeros”, en cambio, no lograron votos necesarios y fueron enviadas de vuelta a la comisión para continuar la discusión el próximo año.
Las nuevas disposiciones requerían que los empresarios instalen sistemas GPS, validador de pago de pasajeros, y cámaras de videovigilancia con grabación. Además, deberán adquirir seguro de daños a terceros, cumplir obligaciones patronales y evitar la acumulación de más de infracciones por motorista al mes.