El Estado entregará $5.27 por cada voto que gane cada partido político y ha previsto un presupuesto de $16,402,386 millones de financiamiento público para ello.
Así, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) cobró $4,715,712.51, la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) recibió $3,864,566.89 y el partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana) cobró $365,000 como anticipos entregados por Hacienda hasta el pasado 19 de diciembre.
Como el Ministerio de Hacienda no puede prever cuántos votos efectivos tendrá cada partido político, entrega un adelanto del 70 % de los fondos que le corresponden según los votos de la elección anterior del mismo tipo, es decir, en la presidencial de 2014.
En los comicios presidenciales de 2014, el FMLN ganó a ARENA por 6,364 votos: 1,495,815 contra 1,489,451 votos. En primera vuelta ambos partidos tuvieron 1,315,768 y 1,047,592, respectivamente.
GANA tuvo 307,603 votos con la bandera de “Unidad” en apoyo a la candidatura presidencial de Antonio Saca.
Los partidos o coaliciones tienen derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada voto válido que obtengan, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Partidos Políticos. Si hay segunda vuelta, tienen derecho a recibir una cantidad equivalente al 50 % de lo pagado en las primeras elecciones. A los partidos nuevos se les entrega $50,000.
Hacienda deberá entregar el resto del financiamiento a más tardar 30 días después de declarados firmes los resultados de las elecciones del 3 de febrero. Los partidos políticos que obtengan menos votos deben devolver el financiamiento que Hacienda les haya entregado en exceso.
En aumento
El financiamiento público para los partidos ha ido en aumento desde las presidenciales de 1994, que tuvo una erogación de $4,709,553.58.
Desde los Acuerdos de Paz, firmados el 16 de enero de 1992, un total de 18 partidos han recibido $51,580,666.83 en financiamiento público.
La Constitución de la República, en su artículo 210, avala este financiamiento como parte del sistema democrático. Organizaciones sostienen que busca evitar influencias privadas en los partidos. En el periodo de campaña electoral de 2018, la Sala de lo Constitucional que concluyó sus funciones el 15 de julio de 2018 condicionó la entrega de la deuda política a que los partidos políticos informaran de manera completa del origen y el destino de sus fondos de 2014 y 2015.
