Para su validez, la ley requiere tener el aval del presidente Nayib Bukele, quien cuestionó en Twitter cualquier negociación con los diputados. Los legisladores superaron el veto presidencial a un decreto similar, el 648, algo que también fue criticado por el Presidente.
La ley aprobada ayer eliminaría la cuarentena domiciliar general, deja la cuarentena para personas portadoras de COVID-19 o que provengan del extranjero, y posibilita que los trabajadores vulnerables o con enfermedades crónicas se queden en sus casas.
La normativa incluye la emergencia nacional por 15 días por COVID-19, algo que había sido solicitado por el mandatario, autoriza al Estado hacer contrataciones directas y exime de impuestos las donaciones, pero también exige la “activación presupuestaria” y reportes de estas donaciones a la Corte de Cuentas. También, faculta la reapertura económica desde el 16 de junio en fases.
La ley permitiría que los mayores de 60 años, embarazadas, en puerperio o lactancia, personas con insuficiencia renal, trasplantados, hipertensos, con cáncer, enfermedades crónicas, degenerativas e inmunosuprimidas, con discapacidad, con enfermedades pulmonares crónicas u obesidad mórbida “podrán resguardarse en sus respectivos lugares de domicilio o residencia” y “no se podrán ver afectados laboralmente si optan por no asistir a su centro de trabajo”: serían “los últimos en su incorporación laboral”.
Si la persona tiene hijos menores de 6 años, podrían optar a no regresar a sus labores si no cuentan con una persona que cuide a los mismos.
Así mismo, difiere el pago de facturas de teléfono, cable e internet hasta junio. Al cierre de esta edición, aún no había sido aprobada en el pleno.
También, la ley, si fuera sancionada por el Presidente, la nueva regulación exigiría al Ministerio de Salud elaborar un plan contra el COVID-19 para presentarlo a la Asamblea. Ayer, el secretario de Comercio, Miguel Kattán, aseguró: “Hablan de planes pero nadie los tenía porque todos los días cambia lo que sucede con esta pandemia”.
Sin embargo, el presidente Bukele podría vetar el decreto. "Lo que ocurra en este país a partir de hoy va a ser de exclusiva responsabilidad de la Presidencia de la República", dijo la diputada Yanci Urbina.
Roberto Angulo, del PCN, aseguró que el país va al fracaso. "Estamos dando una solución para que se pare ese retroceso económico, lo que han augurado es que va a haber hambruna, un retroceso y un déficit. Eso va a suceder si esta ley no es sancionada, porque sí le estamos abriendo las puertas a la solución del país, hay que empezar a trabajar ordenadamente", expresó. Criticó que se esté proponiendo la apertura económica sin transporte público. "Esta no es una cárcel nacional, ¡que no se puede pasar de un municipio a otro!, ¿a cuenta de qué?, solo aquí se pueden suspender esos derechos", indicó.
El diputado René Portillo Cuadra, de Arena, sostuvo que "quien tiene la posibilidad de resolver en pocas horas" es el Presidente.
La votación se dio a la 1:05 de mañana: votaron las fracciones de Arena, FMLN, el diputado no partidario Leonardo Bonilla, los pecenistas Mario Ponce y Roberto Angulo; y los pedecistas Rodolfo Parker y Jorge Mazariego. No hubo votos en contra.
Superan veto
Los diputados también superaron el jueves el veto presidencial al decreto legislativo 648 de la “Ley especial transitoria de emergencia por la pandemia del COVID-19, atención integral de la vida, la salud y la reapertura de la economía” cuya negociación con el Ejecutivo tardó 6 días pero con diferencias.
La superación del veto es el “plan B” de los diputados si el Presidente veta la ley aprobada este viernes. La ley ratificada establecía una cuarentena domiciliar hasta el 8 de junio, permitía la cuarentena domiciliar de “expuestos” al contagio y exigía una transparencia total de las compras directas públicas.
De esta ley el Gobierno objetó el plazo, ya que pretendía una cuarentena domiciliar estricta de 15 días y rechazó la reactivación del transporte público. Ayer, mientras los diputados se disponían a superar el veto, el presidente Nayib Bukele escribió: “Me imagino que el fiscal @MelaraRaul pondrá un tuit alertando a la @AsambleaSV de que no caiga en desacato o los procesará”.
La normativa aprobada este viernes, sin embargo, no fue discutida con el Ejecutivo debido al profundo desencuentro entre poderes; se convocaron en lugares distintos: Asamblea Legislativa, Casa Presidencial, una universidad y un hospital. Los diputados destacaron que el llamado a acuerdo no fue obligatorio según la Sala de lo Constitucional.