Sin votos del FMLN y ante una solicitud del Ministerio de Hacienda, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma presupuestaria para inyectar $16 millones a la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) para que pueda pagar sus salarios.

La mayor parte de los fondos, un total de $9.1 millones, provendrá del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología; su presupuesto disminuirá $9,125,000 que estaban asignados al Programa de Mejoramiento de Ambientes Educativos para la Formación Integral y Aprendizajes.
En segundo lugar, se recortarán $1,550,000 del Ramo de Defensa Nacional, que estaban destinados para equipo y comunicaciones estratégicas.

En tercer lugar, se reducirá el presupuesto de Hacienda en $1,878,630, que eran para el Programa de Erradicación de la Pobreza, Prevención de la Violencia y Compensación a Víctimas del Conflicto Armado Interno y atención a gastos administrativos del Fondo de Inversión para el Desarrollo Local (FISDL).

En cuarto lugar, se recortarán $1,429,885 del ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que estaban destinados para “Fortalecimiento para la prevención y reducción de riesgos a nivel nacional” y el proyecto de “Fortalecimiento de las capacidades para la gestión de las áreas naturales protegidas y vida silvestre”.

En quinto lugar, hay una reducción de $1,310,285 en la transferencias corrientes y de capital de Presidencia al Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes).

La reducción del Indes se da en áreas de dirección y administración, así como actividades deportivas e infraestructura.

También recortan $500,000 que estaban destinados para inversión en infraestructura para la cultura y el arte, así como $206,200 que estaban destinados para el mejoramiento de infraestructura y equipo básico de oficinas centrales y regionales del Ministerio de Trabajo para la atención de personas retornadas y grupos vulnerables.

El Ministerio de Hacienda reporta un déficit significativo en la Anda por la medida de diferir el pago del servicio de agua potable por tres meses.
Ello ha afectado “el flujo de caja para cubrir el pago de salarios y otros costos fijos indispensables para la continuidad de la prestación del servicio”, indica.