Miembros de organizaciones condenaron ayer la omisión de la Asamblea y pidieron elegir pronto a los mejores. / Cortesía
Un total de 28 organizaciones privadas o no gubernamentales señalaron ayer a la Asamblea Legislativa de poner en riesgo los fundamentos de la democracia y del Estado constitucional de derecho, así como la protección de los derechos constitucionales de la ciudadanía.
La red de organizaciones condenó la omisión de la Asamblea Legislativa ante su obligación de elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), pero también pidió que elijan conforme al perfil que ordena la Constitución y su jurisprudencia.
Piden escoger “entre los que se ubican en los primeros 15 puestos del promedio de puntuaciones” de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) y de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (Auprides), Acción Ciudadana (AC) y el diputado Leonardo Bonilla, “valorando el orden de prelación de esa lista consolidada”. También piden deliberación pública. “Exigimos que todas las deliberaciones que se hagan en este proceso se realicen en el seno de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, con la máxima transparencia y por ende abiertas al público y a los medios de comunicación”, dicen en el comunicado.
Entre las organizaciones están la ISD, Transparencia, Control Social y Datos Abiertos (Tracoda), Censura Cero, Instituto de Estudios de la Mujer “Norma Virginia Guirola de Herrera” (Cemujer), Ciudadanos por una Corte Independiente, Acción Ciudadana, Centro de Capacitación y Promoción de la Democracia (Cecade), entre otros.
De acuerdo a Eduardo Escobar, de Acción Ciudadana, piden elegir a los mejores evaluados para magistraturas propietarias y suplentes.
El 4 de septiembre, ARENA propuso elegir a Aldo Cáder, Ivette Cardona, Carlos Sánchez, Alex Marroquín y Martín Zepeda, mejores evaluados; ante lo cual GANA y FMLN lo rechazaron y apoyaron una propuesta del PCN, que en lugar de Cáder, Cardona y Zepeda, optan por Carlos Avilés, Marina de Torrento y Sonia de Madriz.
