Para el próximo año, el Gobierno solicitó $6,176,665 para 21 organizaciones sin fines de lucro para los ramos de Salud y Cultura, reduciendo el número de asociaciones que históricamente reciben fondos estatales: solo en 2018, El Salvador financió a 74 ONG.
Esta acción dejó fuera a instituciones educativas que han sido beneficiarias del Estado por varios años; el anteproyecto del presupuesto incluía $10 millones para programas educativos a través de “socios estratégicos” no definidos, dejando abierta la asignación de fondos para el resto del año.
Esta línea de trabajo fue duramente criticada por la Comisión de Hacienda y el Gobierno accedió a reducir el gasto a $2 millones. Los $8 millones restantes se destinaron a 18 ONG escogidas por los parlamentarios.
Además, a cambio de aprobar el presupuesto 2020, los diputados pidieron otros $8.4 millones para 29 organizaciones más, algunas en la lista de beneficiarias del Estado. En total, los diputados asignaron $16,469,000 a 47 asociaciones.
Los cambios realizados por el congreso significan que el Gobierno deberá transferir $22,655,655 a 66 asociaciones de Educación, Salud, Cultura, Medio Ambiente y Seguridad; además de universidades privadas y hasta reconstrucción y reparación de iglesias.
Las beneficiarias
La institución con mayores fondos subvencionados por el Estado a privados es la Escuela Superior de Ingeniería (ITCA), que recibirá $2,761,860 en 2020. Esta asignación fue solicitada por los diputados y proviene de los fondos de Educación.
El Gobierno asignó $2,756,090 a la Cruz Roja Salvadoreña, en la unidad presupuestaria 06 “Apoyo a instituciones adscritas y otras entidades”. Esta línea de trabajo no fue modificada.
Además, los diputados reasignaron $836,000 para la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca); $760,600 para la Asociación Agape de El Salvador; y $560,000 para la Fundación Teletón Pro-Rehabilitación (Funter). Otros $90,000 se destinan a la restauración de la Parroquia San Juan Apóstol del municipio de Uluazapa; $62,000 a la Parroquia Santiago Apóstol de Chalchuapa; y $28,000 al Comité Pro-construcción de la Iglesia Católica Cristo Rey, en Ciudad Real.
El Centro de Apoyo a lactancia Materna (Calma), por su parte, recibirá $250,000 del Ministerio de Salud; así como la Asociación Cristiana de las Buenas Nuevas, por $300,000.
Restricciones a partidos
El artículo 10 de presupuesto de 2020 prohíbe que se transfieran fondos a organizaciones relacionadas a políticos o sus familiares, como mandato de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 27 de julio de 2017.
Para cumplir la disposición, el presupuesto incluye en su artículo 10 una restricción a desembolsos a asociaciones o fundaciones con “vínculo material” con “partidos políticos y grupos afines” y “con funcionarios públicos o sus parientes”. La Sala ordenó, además, que de asignarse fondos para ONG desde el Estado, se hiciera un análisis de su función y estas debían ser fiscalizadas.
