Sindicalistas del sistema público y de empresas privadas marcharon ayer desde cuatro puntos de San Salvador. / Diego García


Cientos de sindicalistas públicos y privados, cotizantes y jubilados vestidos de negro marcharon hacia la Asamblea Legislativa para exigir una reforma definitiva al sistema de pensiones que garantice salarios dignos al retirarse. Los partidos, sin embargo, acumulan más de seis meses sin discutir las propuestas que, según reconocen, enmendarían una deuda histórica con los trabajadores.

Las fracciones legislativas coinciden en que la última reforma a la Ley del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP), aprobada en la madrugada del 28 septiembre de 2017, tuvo una utilidad “técnica” de evitar el impago del Gobierno salvadoreño por la deuda de pensiones, y no tomó en cuenta las remuneraciones al trabajador.

Entre las reformas se incluyó el incremento de la cotización global de 13 % al 15 % del salario; de eso, 5 % se dirige a una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), que paga la pensión mínima de vejez e invalidez a miles de trabajadores obligados a cotizar al SAP, y de los optados que decidieron abandonar en 1998 el sistema público de pensiones.

El presidente de la Asamblea Legislativa y diputado de Arena, Norman Quijano, calificó de “urgente” una nueva reforma e indicó que hay al menos cuatro iniciativas, de Gana, PCN, CD y FMLN.

Sin embargo, el diputado de Cambio Democrático (CD), Juan José Martel, asegura que hay una subcomisión de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, pero no ha logrado reunirse. “Ni siquiera se ha comenzado a discutir este tema, hace seis meses se creó una comisión ad hoc que iba a recoger las propuestas”, aseguró ayer, mientras salía al encuentro de la denominada Marcha Negra, en donde le prestaron el megáfono.

Sindicalistas marcharon sobre la Diagonal Universitaria y la Alameda Juan Pablo II. / D. García


Las propuestas

El diputado de Gran Alianza por la Unidad Nacional (Gana), Numan Salgado, aseguró que como fracción presentaron una propuesta en febrero de 2019, con la que buscan reducir la comisión de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) por el manejo del ahorro y la pensión de invalidez, del actual 1.9 % al 1.4 %. Este techo era 2.2 % antes de la última reforma. Además, piden que se reduzca el aporte de la CGS a 2 %.

La propuesta de Martel es reducir la comisión de las AFP a 1 %; el proyecto del PCN busca que las administradoras reciban 1.4 %. Además, piden cambiar el cálculo del Salario Básico Regulador (SBR) según el sueldo percibido por el trabajador en los últimos tres años; y no 10 años como en la actualidad. También, piden reducir aporte a la CGS a 1 %.

Carlos García Ruiz, del FMLN, dice que el partido buscará la nacionalización total del sistema y la derogación del SAP para liquidar a las dos AFP que operan en el país. En su propuesta buscan una pensión mínima de $300.