El veto fue superado con 60 votos a favor y 8 en contra. Foto: Óscar Machon
Con 60 votos a favor y ocho en contra, la Asamblea Legislativa superó el veto presidencial a las disposiciones transitorias que permiten el ingreso de salvadoreños varados en el exterior desde que se ordenó el cierre de fronteras por la pandemia de COVID-19.
El decreto 621 fue aprobado por la Asamblea el pasado 1 de abril y dos semanas después, fue vetado por inconstitucional por el presidente de la República, Nayib Bukele. El mandatario asegura que estas disposiciones violentan la seguridad jurídica como principio constitucional.
Para Bukele, la Asamblea no tomó en cuenta la capacidad de los centros de cuarentena para las personas que regresarían al país de aplicarse la ley; ni cuántas personas están fuera del país y desean retornar. Según la Cancillería de la República, hay cerca de 4,000 personas intentando regresar a El Salvador.
Diputados de Gana no se sumaron a la superación del veto, debido a que "el Gobierno ya está tomando acciones para hacer efectivo el retorno", expuso Guillermo Gallegos, del partido afín al oficialismo.
La canciller Alexandra Hill entregó este jueves un informe a la Corte Suprema de Justicia para "detallar las razones" por la que los hechos expuestos por demandantes salvadoreños que reclaman su ingreso, "no son ciertos". Argumenta, una vez más, que "nunca los hemos abandonado".
Karina Sosa, del FMLN, aseguró por su parte que "El Salvador es el único país de la región que no ha facilitado el retorno de sus compatriotas y eso es lamentable. Qué penoso es que hayamos tenido que llegar a esta situación que, debido a la presión que hacen los afectados (...) es que hemos visto que el Gobierno empieza a hablar cómo traerlos".
"No puedo creer que a más de un mes de la pandemia no hayan todavía protocolos de retorno, pero se sigan aceptando vuelos con deportados sin aceptar a los compatriotas que andaban trabajando", criticó también la diputada de Arena, Karla Hernández.
La Sala de lo Constitucional ordenó al Estado en una resolución emitida el 8 de abril, elaborar "un plan urgente para la repatriación" de los salvadoreños varados en varios países, después que el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero fuera cerrado para prevenir la propagación del coronavirus.