El 10.74 % de los empresarios entrevistados considera que el clima de inversión es favorable, 31.76 % lo percibe desfavorable y un 57.5 % de los empresarios considera que el clima de negocios sigue igual.
En la encuesta las respuestas se ponderan de acuerdo a la representatividad en el Producto Interno Bruto (PIB).
Los resultados de la encuesta fueron publicados dentro del informe de coyuntura legal del Departamento de Estudios Legales (DEL) de Fusades presentado este jueves.
La percepción empresarial sobre el clima de inversión salvadoreño había mejorado durante el primer trimestre respecto al año 2020, de acuerdo al estudio. “Pero esa mejora fue frenada durante el segundo trimestre”, dice.
La reserva de información pública (en El Salvador) se está volviendo la regla y no estamos cumpliendo el principio de máxima publicidad”. Marjorie de Trigueros, directora de estudios legales de Fusades
Incertidumbre.
Dentro de los empresarios que sostienen que hay un clima de inversión desfavorable en El Salvador, 55.8 % de los mismos exponen la incertidumbre como la razón de su percepción. Durante el año 2020, la razón principal había sido la pandemia.
Según Fusades, los empresarios mencionan falta de claridad en las políticas del gobierno, no hay reglas claras, incertidumbre por la Ley Bitcoin, incertidumbre política e incertidumbre por acciones o leyes que pueda emitir la Asamblea Legislativa.
Un 18.2 % de los empresarios que creen que hay un clima desfavorable dicen que hay inseguridad jurídica en el país; un 13.2 % señala que existe baja actividad económica, 12.4 % asevera que hay un bajo nivel de inversión y un 6.6 % indica que hay políticas económicas erradas o mala administración del Gobierno.
Hay una especie de adormecimiento, falta de reacción de la ciudadanía en general a las restricciones de sus libertades, libertades políticas, económicas”. Úrsula Indacoechea, Fundación para el Debido Proceso
El reto: certeza.
Fusades aseguró que el reto en El Salvador es generar certeza jurídica y las condiciones “que permitan un diálogo público-privado” en el que participen “las empresas, la academia y la sociedad civil”. “Es necesario construir confianza, lo cual pasa al respetar el Estado de derecho” y tomar decisiones “dentro del marco de actuación que brinda la Constitución a favor de la ciudadanía”. El informe de coyuntura legal señala un inequívoco proceso de desmantelamiento del Estado de Derecho en El Salvador, severos retrocesos en la democracia, irrespeto a la libertad de prensa, irrespeto a la Constitución de la República, entre otras condiciones.
En términos de riesgo país, Fusades señala que El Salvador no ha logrado estabilizarse por el golpe de Estado ocurrido en mayo, la aprobación inconsulta de la Ley Bitcoin y el incremento al salario mínimo sin respaldo de un estudio técnico.