¿Qué opinión le merece la legalización del bitcoin como moneda de curso legal en El Salvador?
La legalización del bitcoin es un hecho de gran relevancia. El uso de las criptomonedas puede significar algunos beneficios para las empresas e inversionistas, pero también genera incertidumbre por la falta de discusión para su aprobación. Una decisión así debió incluir una deliberación y fundamentos técnicos sobre el uso concreto que se pretende dar, así como los beneficios y desventajas asociadas a cada uso específico.
¿A quién beneficia esta medida?, ¿a quién perjudica? o ¿cuáles son sus ventajas y sus desventajas?
La medida parece ir en beneficio, principalmente, de los proveedores de tecnologías financieras (Fintech), empresarios e inversores, y probablemente, del Gobierno de El Salvador. En menor medida puede hablarse de beneficios para la población en general o común, principalmente por la problemática de falta de acceso a internet, analfabetismo digital, persistencia de la pobreza y precariedad de condiciones de vida.
Hay muchas cosas que analizar aquí. Por ejemplo, es posible que el Gobierno esté apostando a recaudar más impuestos con la introducción de la moneda, pero es importante señalar que el uso de este tipo de monedas virtuales tiene el potencial para facilitar la evasión de impuestos, aún con el incremento sustancial en la trazabilidad de las operaciones que suponen estas tecnologías. Si ya el ministro de Hacienda señala que las empresas no declaran las ventas a través de medios digitales, con todos los mecanismos de anonimización en el mundo de las criptomonedas y la pobre capacidad institucional de perseguir delincuentes en lo digital, es poco probable que esta transparencia en las operaciones disminuya la evasión.
Por otra parte, también es una nueva competencia para el Sistema Financiero tradicional, representado por instituciones bancarias. Un beneficio que suponen las criptomonedas es la disminución en algunas comisiones, lo cual podría ser de ayuda para los salvadoreños que mandan remesas al país; y una mayor facilidad para comenzar a usarlas, siempre que se tenga algún nivel de alfabetización digital: por ejemplo, para entrar al sistema bancario tradicional toca ir a perder una hora haciendo fila en un banco, pero un monedero virtual lo puedo crear en cuestión de minutos; esto demanda que los bancos sean más ágiles y mucho menos burocráticos de lo que son.
En el caso del bitcoin, por ser una de las criptomonedas más extendidas, aporta beneficios como una moneda que puede usarse con algunos inversores fuera del país sin necesidad de conversiones (como la de dólar a euros).
Por otra parte, si no se regulan las cosas adecuadamente y no se apuesta por incrementar de forma acelerada la capacidad institucional de la Policía, Fiscalía y Órgano Judicial para investigar, perseguir y juzgar crímenes en lo digital, puede abrir la puerta al cometimiento de muchos delitos, robos, lavado de dinero y otros.
Si usted tiene problemas de liquidez o escasa disponibilidad de efectivo o tiene muchas obligaciones, lo mejor es que las evite (las monedas virtuales)”.
¿Debería alegrarnos a los salvadoreños que el 7 de septiembre el bitcoin será moneda de curso legal? ¿Por qué?
En los términos en que fue aprobada, hay mucha incertidumbre como para alegrarse; ciertamente produce una enorme expectativa, no solo en el ámbito nacional sino en el internacional. Dependiendo de la legislación secundaria que se apruebe, la reglamentación técnica y el mecanismo de convertibilidad anunciado que se cree, podrá responderse la pregunta de si deberíamos alegrarnos. Es importante que se comprenda que la sola introducción del bitcoin no va a sacar a nadie que ya está en situación de pobreza de dicho estado; hay que ser responsable con las expectativas que se generan.
Hay muchas hipótesis sobre qué movió al Gobierno a buscar la legalización del bitcoin. ¿Cuál cree que es la más verosímil?
En particular, pienso que una combinación de atraer inversión extranjera de forma acelerada convirtiendo al país en la capital mundial de las criptodivisas, evitar cualquier tipo de sanción de los Estados Unidos a través de las remesas, y buscar algunos mecanismos para evitar que los apuros por los problemas con la Hacienda Pública metan a El Salvador en un caos.
¿Qué debería saber un ciudadano común que tiene interés en usar el bitcoin?
Creo que el consejo más importante es no invertir en criptomonedas si no las puede comprender de forma completamente clara y precisa; si tiene dudas, lo mejor es evitarlas, al menos de momento.
En estos noventa días debe apostarse a educar de forma masiva, responsable y con insumos técnicos pero adecuados sobre qué son estas criptomonedas, los beneficios, desventajas, riesgos y quienes son los perfiles más indicados para usarlas y quienes deberían evadirlas.
dEn general, si usted tiene problemas de liquidez o escasa disponibilidad de efectivo, o si tiene muchas obligaciones críticas que cumplir mes a mes y no puede esperar más allá de algunas semanas para obtener retorno de inversión, lo mejor es que las evite.
¿Es cierto o falso que el origen de las transacciones en bitcoin pueden rastrearse? ¿Qué espera en torno a ese tema?
Es posible conocer todas y cada una de las transacciones que se realizan con bitcoin, por eso se habla de “transparencia” y trazabilidad de estas. Sin embargo, hay dos matices que introducir.
El primero de ellos es que, utilizando diversas técnicas, como la conversión del bitcoin a otras criptomonedas, el uso de diversas billeteras virtuales anónimas o realizar transacciones fuera de la jurisdicción salvadoreña, pueden facilitar que se pierda el rastro de qué persona es quien maneja los bitcoins.
Por ejemplo, en el tema de impuestos Hacienda podría identificar un monedero que está realizando diversas transacciones que, probablemente, generen pago de impuestos; pero, si no se es capaz de identificar al dueño del monedero, ¿a quién se le cobran los impuestos?
El segundo matiz tiene que ver con la posibilidad de invadir la privacidad de las personas, producto de la trazabilidad de las transacciones. Cualquiera persona puede verificar todos los movimientos de un determinado monedero, por lo que si el dueño no toma precauciones suficientes para resguardarse, cualquier persona en el mundo podría deducir el estado de sus finanzas.
Aunque ambos puntos pueden parecer contradictorios, lo cierto es que todo depende de la regulación adoptada y las medidas de seguridad que cada usuario tome; como todo en la vida: bien usado supone beneficios, mal usado, una amenaza.
Si no se regulan las cosas adecuadamente y no se apuesta por incrementar aceleradamente la capacidad de la Policía, Fiscalía y Órgano Judicial, puede abrir la puerta al cometimiento de muchos delitos”.
En otro tema, ¿cómo percibió los hechos del 1 de mayo en El Salvador?
Fuera de las valoraciones sobre si algunos de los funcionarios destituidos fueron nombrados contraviniendo la Constitución, como en el caso del exfiscal (Raúl) Melara, lo cierto es que el procedimiento de remoción no fue adecuado. La garantía del debido proceso es sagrada y nunca debe irrespetarse.
Se inició un proceso de transformación, lo cual es acorde al mensaje que la población transmitió a través de las urnas, pero eso no quita que siempre deben respetarse los derechos de las personas, aún si no nos caen bien.
¿Considera que deben ser reconocidos los funcionarios electos?
Lo cierto es que están fungiendo como tales, los tribunales así lo reconocen y, en general, toda la institucionalidad salvadoreña sigue reconociendo como válidos los actos que estos emiten; inclusive, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos fue a presentar una demanda de inconstitucionalidad ante la nueva configuración de la Sala de lo Constitucional. Pienso que depende mucho de la aceptación que la gente de respecto de las nuevas personas que están ejerciendo.
¿Se debe restablecer la situación anterior al 1 de mayo?
Sí. La Asamblea está facultada para remover funcionarios de elección indirecta, como los magistrados de la Corte Suprema y el Fiscal General, pero todo debe seguir un proceso riguroso y técnico, garantizando el derecho de audiencia y defensa. Hay jurisprudencia del sistema interamericano que debería considerarse respecto de la separación de los jueces del cargo. La designación del exfiscal Melara sí era inconstitucional y debía ser separado, pero no de la forma en que pasó.
¿Cuánto ha retrocedido la democracia en El Salvador?
Se ha debilitado sustancialmente, principalmente por el golpe a la independencia judicial. No es posible que se amenace abiertamente a los jueces sobre consecuencias si no se resuelve conforme los deseos de los funcionarios de turno. Los funcionarios de los otros órganos del Estado deberían abstenerse de dichas prácticas; y, además, la Asamblea Legislativa debería seguir procesos de deliberación reales y no solo abrir el micrófono durante algunos minutos para simular el debate parlamentario. Lo principal es que no deben estarse aprobando decisiones trascendentales para el país sin estudios técnicos que no sean públicos.
Usted ha sido usuario frecuente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). Nos podría contar cómo evalúa a esta institución y también a las oficialías de información a las que ha recurrido.
En general, una evaluación de todo el sistema que da soporte al derecho de acceso a la información pública sale muy mal evaluado. El Instituto tarda una cantidad de tiempo excesiva en responder, adopta criterios cada vez más restrictivos y es cada vez más opaco. En cuanto a los oficiales de acceso a la información, aunque hay unos muy buenos y técnicos, lo cierto es que no siempre depende de ellos que la información se entregue. Por otra parte, se ha incrementado el ritualismo procedimental y burocrático, a tal punto que hay prevenciones que son abiertamente obstáculos para desanimar el uso del mecanismo de acceso a la información.
¿Cuál es la evolución que ve en El Salvador en la lucha contra la corrupción en la coyuntura actual, en la que Estados Unidos ha reorientado su respaldo a las organizaciones no gubernamentales?
No hay evolución, solo retrocesos: en todo sentido, en todos los aspectos y en todas las áreas. Poco más se puede decir.
El perfil
Carlos Palomo
Presidente de la Asociación Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda).
Analista de datos con estudios de técnico en ingeniería de redes informáticas, ingeniería mecánica y sistemas.
Experiencia como consultor en diseño de sistemas informáticos y seguridad informática en el sector privado y con organismos de cooperación desde el año 2017.