El presidente de la República, Nayib Bukele acusó este jueves a la Asamblea Legislativa de no tomar en cuenta la propuesta del Órgano Ejecutivo, en Ley para el Ejercicio del Voto en el Exterior, presentada el pasado martes.
Los diputados aprobaron esta tarde, con 75 votos, la reformas a la Ley para avalar el voto desde el exterior en la elección de diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y Asamblea Legislativa.
Dicha reforma contempló la modalidad de voto electrónico y descartó la votación por concejos municipales desde el extranjero en el 2021.
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Según el mandatario salvadoreño, la propuesta aprobada por el pleno legislativo no quita los obstáculos al voto en el exterior, y al mismo tiempo infringe la sentencia de la Sala de lo Constitucional, ya que no incluye el voto de la diáspora en las elecciones de concejos municipales.
La @AsambleaSV ni siquiera tomó en cuenta la propuesta del Ejecutivo para quitar los obstáculos al voto en el exterior.
Además, viola la sentencia de la Sala de lo Constitucional, al impedir el voto de la diáspora para Concejos Municipales. https://t.co/dphrndzuud
— Nayib Bukele (@nayibbukele) January 16, 2020
El pasado martes, el Gobierno central, a través del Ministerio de Gobernación, presentó su propuesta de Ley Especial para el Ejercicio del Voto en el Exterior, que incluye la modalidad de voto electrónico para facilitar el acceso a salvadoreños en el extranjero para participar en las elecciones de diputados y concejos municipales de 2021.
La iniciativa del Ejecutivo, sin embargo, no define cuánto dinero asignaría el Ministerio de Hacienda para aplicar el voto en el exterior.
La resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) señaló que la Asamblea Legislativa tiene la obligación de emitir la legislación electoral pertinente o adecuar la ya existente para regular los procedimientos para que los salvadoreños con domicilio en el exterior ejerzan el derecho al voto y a ser elegidos en comicios legislativos y municipales, para lo cual se le otorgó un plazo que concluyó el 31 de julio de 2017.
La Sala flexibilizó a un cumplimiento progresivo de acuerdo a capacidades organizativas y financieras. Detalló que si no era posible su implementación en las elecciones de 2018 el mandato deberá ser garantizado a más tardar en las elecciones de 2021.