Dos meses después, el 13 de enero, en su “Plan Cuscatlán” detalló su propuesta de pensiones sin mencionar una nacionalización de las pensiones. Únicamente dice que se “evaluará la creación de un fondo público de pensiones” sin detallar si ese fondo público asumirá cotizaciones obligatorioas o voluntarias.
Luego, el programa habla de que asumirá el costo político de una reforma que no hicieron los gobiernos anteriores y menciona elementos de una posible reforma que ya han sido propuestos por partidos de derecha e izquierda: aumentar cobertura y buscar mayor rentabilidad a los fondos; así como “buscar” menos costo de administración, mayores pensiones, y establecer pensiones mínimas y máximas.
En la búsqueda de mayor rentabilidad de los ahorros de los cotizantes, menciona que se buscaría en “grandes proyectos de nación”, si éstos serían invertidos en obras realizadas por el Estado o por privados. También, ofrece que los usuarios decidan sobre la rentabilidad de sus ahorros.
En el programa, Bukele propone bajar costos de administración, pero maneja cifras erróneas. El 1 de diciembre de 2018, en San Vicente, Bukele dijo que en El Salvador las empresas “se quedan con el 30 % del ahorro del trabajador”, aunque en la realidad las administradoras de pensiones (AFP) reciben el 1.0703 % del salario del trabajador de un 7.75 % aportado por el empleador. Otro 0.8797 % se destina a un seguro de invalidez y sobrevivencia. El otro 7.25 % aportado por el empleado va a su cuenta de ahorro.