Magistrados de Corte de Cuentas de la República, entidad que audita fondos públicos. / DEM
La primer magistrada de la Corte de Cuentas de la República, María del Carmen Martínez Barahona, explicó que tienen un obstáculo en la ley y en la Constitución de la República para investigar o auditar el detalle de los fondos reservados de Casa Presidencial.
“Es una muestra que se toma, dentro de esa muestra va el rubro 54 de bienes y servicios. Están ahí porque la Ley de presupuesto los ha autorizado”, manifestó, sobre la auditoría que realizan en Casa Presidencial como parte del programa anual de auditorías.
Martínez Barahona señaló que hay una “disposición constitucional que dice que el Presidente puede hacer uso de esos gastos reservados para planes militares o algún tipo de negociación política”.
Añadió que el artículo 8 de la ley del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) es un obstáculo jurídico; éste indica que “todos los asuntos, actividades, documentación sobre los cuales conozca y produzca el OIE serán considerados clasificados”.
Señaló que los informes de Casa Presidencial se presentan “sin hallazgos” porque “se audita la partida, se invoca la reserva y la CCR no puede pasar sobre la normativa legal”. “Para poder pasar esa normativa habría que hacer un cambio en las normas que regulan eso”, dijo. El problema, según la funcionaria de la CCR, es que los funcionarios “los han transferido a cuentas particulares o personas particulares” y, afirmó, investigar eso es competencia de la Fiscalía. “El mal uso que se le da bajo la mesa a ese fondo reservado ese ya no lo puede controlar la Corte de Cuentas”, concluyó.
El 25 de agosto de 2010, la Sala de lo Constitucional que finalizó su gestión en julio pasado determinó en sentencia que las “partidas secretas” estarán “siempre sujetas a fiscalización, control y rendición de cuentas”.