Abogados son juramentados por el presidente legislativo, Ernesto Castro, como magistrados de la Sala de lo Constitucional. /Foto: Asamblea Legislativa.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) instalará una misión especializada para atender la crisis institucional desatada en El Salvador, después que la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, ordenara la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
La CIDH decidió que iniciará una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi), para dar seguimiento a la destitución de los magistrados de la Sala y el fiscal general de la República, Raúl Melara, y que podría afectar la "institucionalidad y los derechos humanos" en el país.
La Sacroi es un instrumento diseñado por la CIDH para trabajar de forma preventiva en situaciones que puedan generar impacto en los derechos humanos en la región. El grupo especializado, además, proporciona instrumentos para apoyar todas las áreas de la CIDH (como la Corte) para coordinar una respuesta adecuada.
Esta es la primera vez que una Sacroi se instala para dar seguimiento a una crisis institutucional en El Salvador.
La #CIDH decide instalar la Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada - SACROI #ElSalvador para monitorear y atender esta grave situación que afecta la institucionalidad y los #DDHH en el país. 3
— CIDH - IACHR (@CIDH) May 2, 2021
Llaman a respetar resolución
La CIDH rechazó el decreto de la Asamblea Legislativa que ordenó la destitución a los magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general de la República, y llamó a respetar la resolución de la Sala que declaró inconstitucional la decisión del primer Órgano del Estado.
Además, asegura que no existió un debido proceso ni causas específicas para la destitución, por lo que está en riesgo el Estado de Derecho.
La CIDH rechaza la decisión de Asamblea, el 1 mayo, de destituir al pleno de magistrados titulares y suplentes de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General sin debido proceso ni causas específicas constitucionales, lo que pone en riesgo el Estado de derecho". CIDH.